«Todas las chicas del piso ejercían la prostitución de forma voluntaria»

«Todas las chicas del piso ejercían la prostitución de forma voluntaria»

La mujer acusada de obligar a cinco mujeres a prostituirse en una vivienda de alquiler y controlarlas con cámaras niega los hechos

CECILIA PÉREZ OVIEDO.

En el piso que tenía alquilado en General Elorza todas las inquilinas «ejercían la prostitución libremente, eligiendo los horarios y de manera voluntaria». Al menos es lo que trasladó el abogado de la mujer acusada de obligar a cinco jóvenes a prostituirse en condiciones abusivas y controlarlas, incluso, a través de cámaras de videovigilancia. José Antonio Gutiérrez solicitó la libre absolución de su clienta en un juicio celebrado ayer en el Penal 3 a puerta cerrada por petición expresa de la defensa. Por su parte, la Fiscalía del Principado mantuvo la petición de pena de tres años de prisión para la acusada, que se declaró inocente de todos los hechos.

Durante la vista oral, la mujer explicó que ella era la arrendataria del piso. Según relató su defensa, lo compartía con «otras chicas» y reconoció que todas ejercían allí la prostitución «de forma voluntaria y eligiendo los horarios libremente. Ella era una más». La procesada negó someter a las cinco chicas a unas «condiciones abusivas», obligándolas a trabajar veinticuatro horas al día con solo «dos horas de descanso», además de «entregar el 50% del coste de los servicios para la casa», como así argumentó el Ministerio Fiscal. «Ella no se lucró en ningún momento de la situación, incluso llegó a perder dinero porque no había clientes suficientes», defendió su abogado.

Ni cámaras ni grabaciones

Respecto a la acusación formulada por la Fiscalía, en la que se apuntó que la procesada controlaba el acceso y afluencia de clientes a través de un sistema de videovigilancia que también aprovechaba para cerciorarse de que las prostitutas cumplieran con su horario, la acusada negó la mayor. Según su letrado «no existían cámaras ni había ningún vídeo grabado». De hecho, José Antonio Gutiérrez destacó que durante la vista oral no se presentó «ninguna imagen ni por parte de los investigadores ni de la acusación». Con todo, la Fiscalía del Principado de Asturias no modificó ninguna de sus conclusiones, manteniendo la pena de prisión para la acusada en tres años de cárcel además del pago de una multa de 5.040 euros.

Los hechos juzgados ayer sucedieron entre finales de 2016 y febrero de 2017. Meses en los que, presuntamente, la acusada utilizó la vivienda para «explotar sexualmente» a las cinco mujeres, dos de ellas en situación irregular en España. De ello se sirvió para ejercer un estricto control sobre ellas, según la Fiscalía del Principado.