El PP duda de la legalidad de la auditoría externa sobre los contratos de Seguridad

Gerardo Antuña, portavoz adjunto del PP. /
Gerardo Antuña, portavoz adjunto del PP.

«Los que venían a levantar alfombras no han sido capaces de destapar nada», critica el Grupo Municipal de Ciudadanos

G. D. -R. OVIEDO.

La negativa de Intervención a fiscalizar los contratos del área de Seguridad de los últimos años llevó a Somos y a IU a anunciar antes de ayer una auditoría externa para tratar de saber si existen irregularidades en las adjudicaciones anteriores al periodo investigado dentro de la operación 'Enredadera'. El portavoz adjunto del PP, Gerardo Antuña, advirtió ayer de la posible ilegalidad de esta medida. «La función fiscalizadora corresponde a la Intervención en el orden interno y, en el externo, en este caso a la Sindicatura de Cuentas», avisó, aunque reconoció que desde «Intervención sí se puede solicitar ese apoyo externo, pero bajo su supervisión, no desde la junta de gobierno».

De hecho, el Ayuntamiento ya contrató en 2007 a una consultora, Centium Auditores, para apoyar la labor del servicio en la resolución del contrato de colaboración con la gestión tributaria y recaudatoria con la empresa Gestión de Ingresos, hoy de actualidad por haber llevado a la imputación del propio interventor y del entonces concejal de Presupuestos y luego alcalde, Agustín Iglesias Caunedo, en el 'caso Aquagest', nombre detrás del comercial Gestión de Ingresos.

Antuña consideró ayer que proponer ahora una auditoría externa, posiblemente ilegal, demuestra que el equipo de gobierno «ha trabajado mal» el asunto y «muy mal IU y Somos por pedir una externalización». El concejal, responsable de Seguridad en el anterior mandato, insistió en que su grupo «nunca ha puesto cortapisas» a que se investiguen anteriores contratos del área, pero denunció «el descontrol» sobre la misma del concejal del ramo, Ricardo Fernández.

Como ejemplo puso la rueda de prensa de este el pasado 7 de septiembre en la que informó de las medidas tomadas sobre la contratación para Bomberos y Policía Local y «aseguró que la Intervención ya estaba trabajando en la fiscalización de los contratos anteriores, para luego enterarnos de que no era así», protestó. Como informó este diario, al alimón, el interventor y el interventor adjunto firmaron un informe en el que señalaban que la junta de gobierno no es competente para encargarles esa investigación, que los contratos ya fueron validados en su día y que carecen de medios para ocuparse de tanto trabajo sin afectar a sus funciones esenciales.

Contradicciones

El Grupo Municipal de Ciudadanos se sumó a las críticas al entender que la auditoría externa que se pretende solicitar «ahora por dos de los socios del tripartito, pone en solfa las contradicciones de este gobierno que siempre ha demonizado las externalizaciones y siempre se ha erigido en el gran defensor de lo público» .

En un comunicado, la formación naranja sostiene que «el tripartito demuestra, una vez más, que son incapaces de gestionar, ni siquiera de gestionar la lucha contra la corrupción. Los que venían a levantar alfombras no han sido capaces de destapar nada».

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos