El equipo de gobierno admite que no podrá suprimir el IBI diferenciado el próximo año

La propiedad del centro comercial Los Prados es uno de los 250 contribuyentes que paga IBI diferenciado. / M. ROJAS
La propiedad del centro comercial Los Prados es uno de los 250 contribuyentes que paga IBI diferenciado. / M. ROJAS

Javier Cuesta se reafirma en el objetivo de eliminar el gravamen, pero dice que tendrá que ser de forma gradual para no afectar al presupuesto

ROSALÍA AGUDÍNOVIEDO.

Poner impuestos es fácil e impopular. Casi siempre se cabrea a alguien. Quitarlos es justo lo contrario. La Administración, sea la que sea, siempre encuentra un uso para sus nuevos ingresos y renunciar a ellos duele. Los italianos, por ejemplo, aún pagan cada vez que se acercan a una gasolinera el impuesto que creo Benito Mussolini para financiar la guerra de Etiopía en 1935. El nuevo equipo de gobierno no cumplirá el próximo año su promesa de suprimir el tipo de IBI que pagan, desde el año pasado y tras un primer intento anulado por los tribunales, los propietarios de los inmuebles de mayor valor de la ciudad de carácter no residencial. «Nuestro compromiso electoral es eliminar el IBI diferenciado», explicó el concejal de Economía, Javier Cuesta, pero «no lo podemos hacer de forma taxativa porque tendríamos un impacto relevante» sobre el equilibrio presupuestario.

El tipo diferenciado que pagan estos grandes valores catastrales, alrededor de 250 inmuebles de la ciudad, rindió más de 4 millones de euros el año pasado y supondrá más de 5 este, al pasar del 1,2 al 1,3%. Un dinero al que el Ayuntamiento no pude renunciar en medio con un plan económico financiero en vigor hasta 2020 para corregir los desequilibrios presupuestarios de los dos últimos ejercicios. «Estamos estudiando medidas para ir desmontándolo. Lo vamos hacer secuencialmente e ir viendo cómo esta medida encaja en el presupuesto», expuso Cuesta, cuyo departamento trabaja en los estudios económicos para las las ordenanzas fiscales del próximo años, «que aún se están empezando a hacer».

Los números son endemoniados si se quiere cumplir todo lo prometido en campaña electoral y suscrito en el pacto entre PP y Ciudadanos que entregó el bastón de mando a Alfredo Canteli. Los esfuerzos del anterior equipo de gobierno por aumentar el gasto en Educación (becas de comedor o la apertura de centros lectivos en vacaciones), Empleo (con grandes planes de contrataciones temporales) o Servicios Sociales (con nuevas ayudas a la pobreza energética, de emergencia y a la infancia) buscando resquicios entre la maraña de normas que el Gobierno de Mariano Rajoy impuso a los ayuntamientos para paliar el deterioro de las cuentas públícas de las otras dos 'patas' de la Administración, ha tenido consecuencias.

La Cuenta General de 2018, el documento más completo sobre el estado financiero y contable de una administración, demostró que el Ayuntamiento cerró 2018 en números rojos, con ahorro neto negativo por primera vez. Y no por poco. Casi 10 millones de euros (9.931.365 euros) de pérdidas, frente a los 3,6 millones de saldo positivo del año anterior y a los casi 36 millones en números verdes que dejó 2016.

El ahorro neto no es poca cosa. Es la magnitud que expresa si los recursos de la entidad local han sido suficientes para la ejecución de su gestión ordinaria. Los 'números rojos' se explican por la ligera caída de los ingresos tributarios, de 138,8 millones en 2017 a 137,4 el año pasado; la reducción de las transferencias recibidas eb casi 1,8 millones, pero sobre todo por el aumento de los gastos corrientes. El de personal creció casi cinco millones de euros; las transferencias corrientes, en más de 4,2 y, además, el Consistorio se gastó 1,3 millones más en servicios. Lo que se llama ahora «gastos de gestión ordinaria» pasaron de los 199,5 millones de 2017 a casi 210,8 millones de euros el año pasado.

El ahorro neto tiene también otra virtud. Sirve como indicador de la capacidad que tendría la entidad local para hacer frente a futuras obligaciones por endeudamiento, porque los gastos financieros (los intereses) se tienen que pagar con cargo a los ingresos corrientes. Los números no son buenos. De hecho, el plan presupuestaro a medio plazo estima que para mantener los núnmeros en verde, el Ayuntamiento solo podría invertir 6,8 millones en 2020 y 1,9 al siguiente. Muy lejos del 20% del gasto total prometido por los socios de gobierno; muy lejos de los 20 millones que, más realista, estima Cuesta que podrá disponer en 2020.

Para llegar a esa cifra, el Ayuntamiento tiene un camino muy estrecho y, además, vigilado por el Principado, encargado de velar porque las cuentas de los municipios no se desmadren: recortar gasto corriente o poner nuevos impuestos.