Del amanecer al anochecer, sin descanso semanal y sin medidas de seguridad: dos detenidos en Oviedo por explotación laboral

Dos hermanos, empresarios, detenidos en Oviedo por explotación laboral de ciudadanos extranjeros en labores de desbroce y tala de montes y carreteras. La Policía Nacional ha desarticulado así una red que captaba y explotaba a los trabajadores.

Las pesquisas, según informa la Policía Nacional, comenzaron en octubre de 2024 tras la detención de un ciudadano en Oviedo y las declaraciones de varias víctimas, que denunciaban haber sido sometidas a condiciones laborales abusivas. A partir de entonces, los agentes lograron destapar una trama más amplia en la que los detenidos captaban a trabajadores, muchos en situación administrativa irregular, ofreciéndoles contratos falsos y promesas de regularización a cambio de elevadas sumas de dinero que nunca se concretaban.

Las víctimas eran obligadas a desempeñar tareas en condiciones precarias, con jornadas laborales extenuantes desde el amanecer hasta el anochecer, sin descanso semanal ni medidas de seguridad adecuadas. Varios no estaban dados de alta en la Seguridad Social, carecían de formación en prevención de riesgos laborales y no contaban con equipos de protección, pese al uso de maquinaria peligrosa. En algunos casos, el salario no superaba los 300 euros mensuales o directamente no se les pagaba.

Además, los trabajadores eran alojados en viviendas facilitadas por los propios empresarios, compartidas por un elevado número de personas, cuyo alquiler se descontaba directamente del sueldo.

Un aspecto destacado de la investigación es la existencia de un presunto sistema de captación internacional que exigía el pago de hasta 12.000 euros por adelantado, a cambio de un precontrato que supuestamente permitiría a las víctimas obtener visado y residencia en España. Parte de esa suma también era descontada del salario.

Los detenidos presuntamente utilizaban un local tipo garaje en Oviedo como punto de encuentro y organización diaria del trabajo. Según la Policía, se ejercían amenazas y coacciones para evitar que los trabajadores abandonaran la empresa o buscaran otras alternativas laborales.

La operación ha contado con la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. El procedimiento se ha desarrollado entre el 6 de febrero y el 26 de mayo de 2025, y los hechos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

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