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José Ramón García, exalcalde de Ribera de Arriba pablo lorenzana
Fiscalía solicita 7 años de inhabilitación al exalcalde de Ribera de Arriba por prevaricación

Fiscalía solicita 7 años de inhabilitación al exalcalde de Ribera de Arriba por prevaricación

Se le acusa de contratar a una persona de manera verbal, «sin ningún tipo de expediente administrativo ni de procedimiento de selección»

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Jueves, 11 de marzo 2021, 13:43

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La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado 7 años de inhabilitación para el exalcalde de Ribera de Arriba, José Ramón García, por un delito de prevaricación. La vista oral está señalada este viernes en el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo, a las 9.30 horas.

El acusado ejerció el cargo de alcalde del Ayuntamiento de Ribera de Arriba desde el 30 de junio de 1987 hasta el 15 de junio de 2019. El Ministerio Fiscal sostiene que, en los primeros meses del año 2009, contrató a una persona para redactar el Proyecto Básico y de Ejecución para Centro Rural Polivalente de Recursos para Personas Mayores del Ayuntamiento de Ribera de Arriba. El importe del contrato ascendía a 60.000 euros, más 9.600 de IVA.

El acusado llevó cabo la contratación verbalmente, «sin ningún tipo de expediente administrativo ni de procedimiento de selección, de forma personal y directa, atendiendo a su mera voluntad personal en la elección de la persona a contratar, con pleno conocimiento de que con ello vulneraba los principios de libre concurrencia, igualdad y transparencia».

De esta forma, el citado proyecto fue entregado el 18 de mayo de 2009 y la factura fue presentada en junio de 2010. Entonces el Interventor municipal formuló una nota de reparo, que fue levantado por el acusado mediante decreto el 28 de junio de 2010.

Según la normativa vigente, la adjudicación de los contratos que celebren las administraciones públicas se debe realizar ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido, estableciendo determinados supuestos en los que podrá seguirse el procedimiento negociado y el diálogo competitivo.

Por ello la Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de prevaricación y solicita que se condene al acusado a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 7 años, lo que implica la pérdida de su condición de alcalde o concejal, así como la imposibilidad de concurrir a ningún tipo de elección o ser nombrado para puesto representativo o ejecutivo o gestor por una autoridad pública por dicho período.

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