A juicio doce acusados por contratar ilegalmente a ciudadanos paquistaníes

Se enfrentan a diez años de cárcel por facilitar su entrada en el país a través de contratos de trabajo que nunca llegaron a desempeñar

CECILIA PÉREZ

El objetivo era lograr la entrada ilegal en España de catorce ciudadanos de origen paquistaní a través de falsos contratos de trabajo. Una trama liderada por un hombre que se sirvió, según recoge el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, de su familia, su novia, amigos y vecinos para llevar a efecto esta presunta red de inmigración ilegal. Todos ellos, un total de doce acusados, se enfrentan a una suma de diez años y dos meses de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. El juicio tendrá lugar los días 18, 20 y 22 de febrero en el Juzgado de lo Penal número 2.

Los hechos se remontan a hace quince años, entre los años 2004 y 2006. El presunto líder de la trama, un ciudadano de origen paquistaní y con residencia legal en Oviedo, inició todo un proceso para lograr el visado de varios compatriotas. La primera ficha la movió en julio de 2004, cuando presentó en Delegación de Gobierno una solicitud de autorización de trabajo y residencia para un ciudadano paquistaní. El fin era poder contratarlo como empleado del hogar interno. Un permiso que se le concedió con una validez de un año. El problema, señala el Ministerio Fiscal, es que ese trabajo nunca existió. Ni ese, ni los otros trece destinados al resto de trabajadores supuestamente engañados por los acusados.

Artimaña

La Fiscalía sostiene que los doce procesados presentaban en Delegación de Gobierno todas las solicitudes de trabajo para los ciudadanos paquistaníes para desempeñar las labores de empleados internos en domicilios particulares argumentando que «se trata de una ocupación para la que el Servicio Público de Empleo no existía demanda de solicitantes españoles». Pero esos puestos de trabajo «eran inexistentes» recoge el Ministerio Público. Una artimaña utilizada como «mero pretexto» para conseguir que a esos ciudadanos se les concediese el visado de entrada en España aunque la Fiscalía puntualiza que no existe prueba de que los ciudadanos extranjeros pagaran cantidad alguna a los acusados por su entrada en el país.

Para lograr este fin, el principal acusado convenció a varios familiares, amistades, vecinos y a su propia pareja sentimental para que «a sabiendas de la ilicitud» se prestaran para realizar ofertas de empleo de ciudadanos paquistaníes. Todos los procesados, según señala el escrito de acusación, aceptaron la propuesta «con conocimiento» de que los empleos no existían y que todo estaba encaminado a tratar de lograr la entrada ilegal.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal solicita para el principal de los acusados una pena de prisión de cinco meses por cada uno de los catorce delitos cometidos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Otros dos acusados se enfrentan a ocho meses de cárcel, cada uno, por dos delitos contra los derechos de los trabajadores, y los otro nueve procesados a cuatro meses de prisión, también cada uno, por un delito.