El ministerio no ha definido aún el modelo del contrato del 8X8

El jefe del Estado Mayor del Ejército critica el retraso en la entrega de los cinco prototipos del nuevo blindado al que aspira la fábrica de Trubia

G. D. -R.

El adelanto electoral unido a las demoras en la definición del contrato para la construcción y suministro de los nuevos Vehículos de Combate sobre Ruedas (VCR) por parte de Defensa añaden incertidumbre a un programa clave para el Ejército y, en lo local, para la carga de trabajo y el futuro de la fábrica de Santa Bárbara Sistemas en Trubia. El retraso en la entrega de los prototipos hasta este verano fue criticado por el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), el general Francisco Javier Varela Salas, en un encuentro con periodistas este martes, como «un mal indicador de la industria de defensa nacional, que no es capaz de cumplir con los compromisos en tiempo».

Lo preocupante no es solo la demora en la entrega a la Legión de los cinco demostradores. El Ministerio de Defensa no ha definido aún cómo se gestionará el contrato. El pasado mes de diciembre, el Gobierno aprobó el techo de gasto y con él los nuevos programas de armamento. Los principales, cinco fragatas de la serie F-100 por más de 4.300 millones de eurs, la actualización de los Eurofighter por 900 millones y la primera fase del de los nuevos blindados de infantería para el Ejército de Tierra. Este último se trata de la compra de 348 vehículos VCR 8x8 Dragón por 2.100 millones. Lo justo para cubrir las primeras entregas de una serie de 998 blindados en distintas variantes y con un coste total de 3.836 millones.

Defensa ha despejado el camino de las nuevas fragatas de guerra y confiado su construcción a los astilleros públicos Navantia apelando a una excepción de la normativa comunitaria que permite que los contratos militares no se sometan al principio de libre competencia. Nada parecido se ha hecho aún con el contrato de los blindados, reconocieron fuentes del departamento. La construcción y puesta en servicio de los cinco demostradores se adjudicó a Santa Bárbara Sistemas, Indra y Sapa, pero el ministerio lo hizo sin acogerse a esa excepción, lo que puede dar lugar a recursos de competidores extranjeros. La titular de la cartera Margarita Robles anunció, al aprobarse el gasto para el programa, que beneficiaría al empleo en las localidades en las que estas empresas tienen factorías, pero nada se ha avanzado aún.

De hecho, aunque los demostradores deben de entregarse para las pruebas el 10 de julio de este año, los test -en especial, las pruebas contra minas- se demorarán hasta noviembre. Defensa admite en un informe que, «en el escenario más optimista», el programa de la primera fase de 348 vehículos se desarrollaría entre los años 2019 y 2025.