El PP salpica al Principado al poner bajo sospecha dos encargos de Servicios Sociales

El PP salpica al Principado al poner bajo sospecha dos encargos de Servicios Sociales
El diputado del PP Matías Rodríguez Feito. / PABLO LORENZANA

Foro Asturias advierte al resto de formaciones de que «montar falsas imputaciones por intereses políticos también es corrupción»

RAMÓN MUÑIZ GIJÓN.

El PP ha cotejado el nombre de las empresas vinculadas al 'caso Enredadera' con los encargos realizados por el Principado y ha encontrado dos coincidencias. En una rueda de prensa recordó que la Consejería de Servicios Sociales adjudicó el 15 de marzo pasado por 168.000 euros (IVA excluido) el 'servicio de intervención técnica especializada con menores alojados en centros y sus familiares para procurar la reincorporación familiar'. Las empresas que querían aspirar a ello debían hacerse de las terapias y dinámicas con niños y adolescentes que están en centros de acogida, para «favorecer cambios que permitan la reincorporación de los menores a su núcleo familiar de origen», recogía el pliego.

Optaron tres sociedades, imponiéndose Aralia Servicios Sociosanitarios. La mesa de contratación estimó que su propuesta técnica era la peor de las tres analizadas, pero al ofrecerse a realizar el encargo al precio más bajo, se llevó el contrato. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que investigan el caso entienden que esta sociedad está controlada por José Luis Ulibarri, el empresario en el centro de la trama, actualmente en prisión provisional sin fianza. Su dominio lo ejercería valiéndose de un familiar que tiene como apoderado.

«También hemos encontrado la adjudicación a una UTE formada por Aralia y La Productora, esta última investigada en el 'caso Renedo' por 1,2 millones», indicó Matías Rodríguez Feito, diputado del PP. Aludía así al servicio que se presta en los Centros de Día de Gijón Centro y Cudillero para la atención psicosocial a personas mayores y dependientes, transporte de los usuarios desde su domicilio y manutención. Este encargo se solicitó originalmente en 21 lotes correspondientes a otros tantos centros. La Unión Temporal de Empresas (UTE) señalada concurrió en todas, logrando imponerse solo en Cudillero y Gijón Centro. En todas las demás la mesa de contratación dio más puntuación a Gerusia y Clece. Cabe matizar que, en efecto, La Productora se vio investigada entre 2011 y 2017 en una pieza separada del 'caso Renedo', pero finalmente la instructora archivó las pesquisas «al no haberse acreditado los hechos denunciados».

Rodríguez Feito solicitó a la consejería que «aclare cuanto antes» las circunstancias de las licitaciones y anunció que reclamaría toda la documentación de los expedientes. El PP reclamó al Principado «máxima colaboración y transparencia» para aclarar si existen consejerías que se vieron afectadas por la trama.

Desde la Consejería de Servicios y Derechos Sociales recordaron que «la contratación del Principado es pública y todos los procesos de contratación pueden consultarse en el perfil del contratante de la Administración». En esa web del Principado están los pliegos de ambos encargos, datos de las empresas que aspiraron y actas de las mesas de contratación, además de los nombres de los funcionarios que las componían. Respecto a los trabajos con Aralia, la consejería consideró que «los contratos señalados, al igual que todos los que se realizan en el Principado, han sido licitados y adjudicados conforme a lo previsto en la normativa vigente en materia de contratación pública».

«Desprestigiar a personas»

En Foro Asturias hicieron un llamamiento a la clase política. «Montar falsas imputaciones por intereses políticos o económicos bastardos» es un proceder que «también es corrupción», apreció el presidente de la formación, Pedro Leal. El diputado regional recordó que la instrucción abierta desde un juzgado de Badalona lo es sobre unos hechos y personas concretas; mezclar con ello a todos los que hablaron con los empresarios imputados induce «a la confusión, al error y trata de desprestigiar a personas que desempeñan su función atendiendo a la más estricta legalidad».

Sería el caso de Francisco Álvarez Cascos, al que telefonearon los empresarios para preguntar por encargos en municipios asturianos. Leal considera normal dar información cuando se pide o solicita adecuadamente, pero «nadie, salvo que tenga las facultades de pitoniso o pitonisa o mentalista está en condiciones de averiguar lo que piensa una tercera persona con la información que se proporciona de manera legal».

Las intervenciones telefónicas a los empresarios de la trama reflejan en ocasiones opiniones y suposiciones sobre terceras personas. «Cada uno responde de actos propios en los que participe directamente, pero no puede responder de los pensamientos ajenos», subrayó Leal.

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