La Policía Local impone diez mil multas menos por infracciones de tráfico que hace un lustro

Un agente se dispone a sancionar al conductor de un cuadriciclo ligero por circular por la calle Uría. / M. ROJAS
Un agente se dispone a sancionar al conductor de un cuadriciclo ligero por circular por la calle Uría. / M. ROJAS

Los arrastres al depósito municipal apenas llegan a un cuarto de los que se realizaban hace una década

ALBERTO ARCE / JUAN CARLOS ABAD OVIEDO.

La Policía Local tramitó el año pasado 38.970 expedientes sancionadores. Diez mil menos que en 2013 y 2012 cuando la cifra récord sobrepasó las 50.000 multas anuales por incumplimientos de la ordenanza de Tráfico. Atendiendo a la liquidación presupuestaria, las 37.139 multas se tradujeron en 4,5 millones de derechos reconocidos de cobro en 2018 de los que, a 31 de diciembre, el Ayuntamiento había ingresado 2,9. 400.000 euros más que en 2017 cuando se ingresaron 2,5, la cifra más baja del último lustro en sanciones y recaudación.

La otra derivada de la cifra de sanciones es que, de esos 38.970, 1.831 se enviaron a la DGT por corresponderle la tramitación a la dirección general y solo se anularon 906, el 0,16%, un punto menos que en 2017 cuando se anuló el 1,16% de las actas levantadas.

Pese al repunte de 4.000 sanciones más en el pasado ejercicio, la cifra de sanciones se mantiene a la baja y con la entrada en vigor de la orden que el edil Ricardo Fernández emitió en 2016, pero que no ha entrado en vigor en toda su extensión hasta las últimas fechas, los tres elementos sancionadores con los que cuenta Seguridad Ciudadana, han perdido voracidad: La grúa tiene limitado a una cincuentena de supuestos el arrastre de vehículos, los fotorrojos rotan en ocho intersecciones y se apagan aleatoriamente dos días de la semana y el radar móvil opera «con visibilidad» por parte de los conductores.

La tardanza en la aplicación de la orden -los fotorrojos hace apenas semanas que varían de ubicación- explica bastante bien las dificultades en Rubín y las concepciones acerca de un servicio público como el que vela por la correcta circulación en las calles del municipio. Para implementar la instrucción en toda su amplitud, el concejal tuvo que vencer costumbres adquiridas, requerir a la empresa concesionaria del mantenimiento de la red semafórica -Aluvisa- que se allanara a los pliegos del contrato y sufrir el departamento el cese del ex Jefe, José Manuel López, investigado por la justicia por sus implicaciones en el 'caso Enredadera'.

Fuentes de seguridad no confirman cuando ha entrado a cumplirse con toda su extensión, pero indican que el esfuerzo por contener la voracidad de la grúa se lleva ejerciendo todo el mandato. Los números están ahí. El servicio de grúa municipal retiró, a lo largo del pasado año, un total de 4.744 vehículos hasta las dependencias del depósito municipal. De esos supuestos en los que la Policía Local puede efectuar el arrastre de un vehículo hasta el vehículo municipal, aclara la instrucción consultada por este diario, no excede los dispuesto en el código de circulación para levantar actas, sino que acota aquellas infracciones en las que el personal adscrito al servicio puede intervenir. Aquellos que conlleven una conducta infractora, pero que no se encuentran contemplados, siguen siendo objeto de denuncia pero no motivan la retirada del vehículo.

Entre las razones para que la Policía Local se lleve su vehículo no escapa ninguna al sentido común. Desde estacionar en una autovía, en cambio de rasante, hacerlo en una intersección, en un tramo de túnel, sobre raíles de ferrocarril.... o por causar graves perturbaciones ala circulación aparcando en medio de una calle impidiendo el paso de peatones u otros vehículos, ocupar estacionamientos restringidos o pasos de peatones rebajados para personas de movilidad reducida, en vados, carga y descarga, etc.

De esos casi 4.800, en 2018, 4.653 fueron arrastrados y 91, entre coches, motocicletas y furgonetas, enganchados sin arrastre. En total, 174 más que el año anterior, pero casi 7.000 menos que en el año 2014.

La mayoría de las intervenciones tuvo que ver con vehículos mal estacionados en espacios reservados para otros usuarios (1.081), en zonas de carga y descarga (656) y en carriles de circulación, la doble fila tan habitual en algunas calles de la ciudad (355). A estos hay que sumarles todos aquellos retirados tras pruebas de alcoholemias positivas (334). Para ponerlo en perspectiva, las previsiones de hace una década eran que, en 2009, se retiraran 19.000 vehículos al año; uno cada 25 minutos.

Varios factores operan en esta drástica disminución de arrastres. 2009 fue un mal año. Inauguró la crisis económica más severa desde el crack del 29 y muchos ovetenses prescindieron de primeros o segundos vehículos. Ya en términos descendentes, en 2014, el alcalde entonces, Agustín Iglesias Caunedo, retiró la grúa de las calles y su intervención de oficio. Solo lo haría a llamadas de los vecinos. Pese a lo anterior, el servicio tenía mala imagen y era visto como una «tragaperras» que alimentaba las arcas municipales.

Contra eso, la orden vigente aclara: «Resulta inevitable que se le atribuya por parte de la ciudadanos una capacidad recaudatoria que desnaturaliza y desvirtúa al completo el que ha de ser el único fin en su utilización: garantizar la seguridad vial en el ámbito territorial de nuestro municipio».

Para ello, la orden «prioriza la intervención en las que se obstaculicen gravemente las vías de circulación o se pongan en grave riesgo la seguridad vial y siempre que sea imposible localizar al conductor (sin) perjuicio de la denuncia que pudiera formularse».

Asimismo, para evitar excesos, la orden requiere a los agentes redactar un informe de la retirada, realizar fotografías del vehículo y dar parte a la concejalía en plazo de tres días. Lo peculiar de la medida es que se dicta para aportar «una mayor cuota de transparencia y seguridad jurídica tanto para el agente como para el interesado» y frente a cualquier atisbo de «afán recaudatorio».

La orden de Seguridad Ciudadana también especifica cómo tiene que funcionar el cinemómetro. El dispositivo se utilizará «preferentemente» en aquellas vías que son «objeto de quejas, denuncia o reclamación por parte de ciudadanos y entidades vecinales como puntos de especial peligrosidad y conflictividad, conforme a los niveles de influencia en la seguridad vial, disponiendo el operativo de control de forma que en todo momento y lugar resulte visible para los conductores» con el objetivo de tener un efecto disuasorio.

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