Ratifican la pena al acusado de abusar de una joven con síndrome de Down

La Audiencia confirma la sentencia del Juzgado de lo Penal que condena al hombre a tres años de cárcel por un delito de abuso sexual continuado

CECILIA PÉREZOVIEDO.

Tres años de prisión, prohibición de acercarse a su víctima a menos de 500 metros y comunicarse con ella durante cinco años y tres años de libertad vigilada. Esta es la pena que la Audiencia Provincial ha impuesto a un hombre que ya había sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 2, el mes de marzo pasado, por un delito continuado de abusos sexuales agravados a una menor con síndrome de Down. Los hechos se produjeron en el verano de 2016 cuando el condenado se quedó a cargo de la menor, hija de una amiga, mientras ella estaba trabajando.

La defensa, ejercida por Alfonso Coronas, recurrió el fallo pero ahora la Audiencia Provincial ha ratificado la condena que se le impuso en primera instancia. La sentencia, contra la que no caben más recursos, reconoce que «la conclusión sobre la probabilidad delictiva» es más que suficiente y señala que «lo relevante es que el marco de sexualidad en que se desenvolvió la relación (entre víctima y acusado) fue un abuso sexual» como así defendió la acusación particular ejercida por el abogado Luis González Álvarez.

La joven con síndrome de Down no testificó durante el juicio pero sí se visionó el testimonio que prestó al médico forense al que dijo «vengo a decir la verdad porque no quiero mentir a mi mamá», para añadir sobre el condenado que «me hizo daño y no me gustó» y «me tocó el pecho y me sentí mal».

En este punto, cobró relevancia el testimonio de la amiga de la denunciante. Describió cómo en una ocasión pudo ver, al salir del baño y a través del resquicio de una puerta, cómo el condenado se encontraba con los calzoncillos y pantalones «bajados» detrás de la víctima que también tenía su falda bajada, apoyada en el sofá, mientras él la sujetaba por la cintura. Unos hechos que contó a su madre y esta a su vez a la progenitora de la víctima, lo que desencadenó la denuncia.

La defensa del condenado alegó en su recurso que se había producido «una vulneración evidente de la presunción de inocencia» de su cliente pero el fallo pone el acento en que la «víctima es una persona con discapacidad y por consiguiente no puede exigírsele una aportación refinada de la versión pero tampoco puede ser desautorizada». Además, apunta que «la prueba practicada es de una fiabilidad absoluta» para ratificar la condena.

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