Rosón, dispuesto a volver a la Fundación Gustavo Bueno acompañado por la Policía

El concejal de Economía, Rubén Rosón, sostiene el inventario público ante los responsables de la Fundación Gustavo Bueno, que se negaron a la visita. / ÁLEX PIÑA

Los responsables de la entidad impiden la visita del concejal al palacete

ALBERTO ARCE OVIEDO.

Llegó con un metro en la mano y un inventario municipal de edificios públicos, pero terminó en la comisaría de la Policía Nacional. Porque el concejal de Economía, Rubén Rosón, no pudo visitar a las instalaciones del edificio del antiguo Sanatorio Miñor en la Avenida de Galicia, el palacete Pedro Miñor, en el que desde 1998 tiene su sede la Fundación Gustavo Bueno. Un encuentro que, pese a estar previamente acordado entre las partes, terminó con el edil de Somos abandonando el lugar después de que los responsables de la institución le negasen el paso más allá de las puertas de la biblioteca bajo amenaza de avisar a la Policía.

Rosón acudió a la cita para evaluar el estado actual del edificio y mantener una reunión con sus representantes. Todo ello con el fin de trasladarles un calendario de implantación del centro de emprendedores e incubadora de empresas, cuya creación ya anticipó el pasado domingo y cuya sede será el palacete, según los planes del edil. No obstante, Rosón encontró la resistencia de los allí presentes: «No eres el representante del Ayuntamiento, eres un concejal y nosotros los inquilinos», le espetó el secretario de la Fundación Gustavo Bueno, Tomás García López, tras el umbral de la puerta principal. «No nos van a desahuciar de aquí 'manu militari'», añadió José María Fernández, jurista y secretario del consejo asesor de la institución, momentos después en la biblioteca, donde invitaron al concejal a sentarse a dialogar.

Los ánimos no se calmaron durante la escasa media hora que duró el particular encuentro. Los representantes de la fundación reiteraron en todo momento la idea de que el palacete «es un domicilio particular en el que solo se puede entrar con autorización del inquilino», lo mantuvieron bajo el amparo de una carta emitida por la concejala del Área de Patrimonio, Cristina Pontón, el 25 de julio de 2018, y de una cesión del inmueble por cincuenta años aprobada en sesión plenaria el 17 de marzo de 1998. «Esto es un allanamiento de morada y usted no puede usurpar las competencias del alcalde», sentenció el secretario del consejo asesor.

El munícipe, por su parte, trató de hacer valer su postura a tropezones, entre intensas subidas de tono, sin éxito alguno. «La Fundación ha hecho un esperpento. Después de haber notificado y confirmado una visita institucional, nos encontramos con que impiden el paso a un cargo público con representación institucional. La fundación debe guardar más respeto al Ayuntamiento. Esto es un descrédito absoluto, no existe sustento legal alguno para que hagan uso exclusivo del palacete», lamentó, ya desde la parte exterior del antiguo sanatorio.

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Acto seguido, tal y como había anunciado, el responsable de Economía acudió a las dependencias de la Policía Nacional para interponer la denuncia pertinente. En ella explicó que durante su visita al lugar, las personas que se encontraban allí, «todas ellas de edad más o menos avanzada», comenzaron a «ponerse nerviosas y a impacientarse a pesar de haberse anunciado en tiempo y forma oficiales». Apuntó, además, que estos «pasaron a continuación a proferir todo tipo de improperios, insultos y vejaciones» hacia su persona y hacia los técnicos municipales que lo acompañaban, y concluyó afirmando que finalmente optó por abandonar el lugar «con tal de que esas personas se tranquilizasen, ya que no atendían a razones».

Además de presentar la denuncia, el concejal notificó por vía interna a la Policía Local lo ocurrido y anticipó una nueva visita al palacete para la próxima semana. Esta vez, eso sí, acompañado de varios agentes locales que ofrezcan la garantía de que la visita a las instalaciones pueda llevarse a cabo correctamente.

La noticia corrió como la pólvora y puso en alerta asimismo al presidente de la fundación, Gustavo Bueno Sánchez, que en esos momentos se encontraba de viaje en La Rioja para presentar un nuevo número de la revista 'Berceo' en homenaje a su padre, el filósofo Gustavo Bueno. «Por respeto a la ciudad y al Ayuntamiento de Oviedo, no podemos permitir que un concejal matón se salte el estado de derecho y acuda a nuestras instalaciones con esa actitud chulesca exigiendo algo a lo que no tiene derecho, pues no acudió en representación de la Corporación, sino a título particular. Esto no es Venezuela», aseguró.

«Llevamos aquí veinte años, no somos okupas, pero aunque lo fuésemos, hay una legalidad que hay que respetar; un proceso que podría llevar al Consistorio a pagarnos una indemnización», enfatizó Bueno Sánchez, y añadió, además, que «el próximo 27 de mayo nos pondremos en contacto con el nuevo equipo de gobierno para replantearnos si vale la pena continuar dedicando nuestros esfuerzos a la ciudad».

En el Consistorio, la actuación de Rosón desató las reacciones de la mayoría de grupos políticos. Incluso de sus socios de gobierno. Así, la concejala de Patrimonio, Cristina Pontón, de Izquierda Unida, explicó que «el local que ocupa la Fundación Gustavo Bueno tendrá que acogerse al igual que el resto al nuevo marco legal que se propone con la nueva ordenanza reguladora de locales públicos (presentando, entre otras cosas, memorias de actividades y de utilización de los inmuebles), y será después cuando se decida qué uso albergará dicho edificio». «El derecho administrativo poco o nada tiene que ver con el espectáculo», adelantó.

Desde la oposición, más graves, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Gerardo Antuña, advirtió «un ejemplo más de la gestión del tripartito y de Rosón, más acostumbrado al espectáculo que a la política». Un «show» que, según sus palabras, «denota el nerviosismo del que ya se está comenzando a ver en la oposición».

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Luis Zaragoza, avanzó que el edil de Somos «no tiene ni idea de la diferencia entre el titular y el usuario de un bien; mucho menos de los procedimientos», y recordó la jornada del 2 de junio del año 2017, cuando le fue denegada la entrada al hípico de El Asturcón al carecer de un permiso por escrito.

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