El Supremo confirma el pago de cuatro millones por Rodríguez Cabezas

El Supremo confirma el pago de cuatro millones por Rodríguez Cabezas
La zona verde de Rodríguez Cabezas. / A. PIÑA

No admite el recurso del Ayuntamiento y valida el justiprecio que multiplica por quince las tasaciones de las fincas expropiadas y no consignadas en 1998

GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO.

Otros casi cuatro millones de euros de pufo, de agujero o de cómo quieran llamarlo. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo notificó ayer la inadmisión del recurso municipal contra la sentencia del TSJA del año pasado que le condenaba a abonar esa cantidad más los intereses legales devengados desde noviembre de 1998 por la expropiación de varias parcelas en la unidad de gestión Rodríguez Cabezas III, en Pumarín. Como en Villa Magdalena, el equipo de gobierno que entonces lideraba Gabino de Lorenzo olvidó consignar el justiprecio fijado entonces y dio pie a los expropiados a solicitar y ganar una nueva tasación: quince veces el precio original.

La ciudad ha cambiado tanto en estos dieciocho años que cuesta recordar cómo era antes la zona nueva de Pumarín, entre Fray Ceferino y Palmira Villa, donde, en el cambio de milenio y al calor de Cinturón Verde, se desarrollaron varias unidades de gestión, todas llamadas Rodríguez Cabezas y un aparcamiento subterráneo para residentes de regular éxito y con aún 253 plazas sin vender. En la que llevaba el numeral III, el Ayuntamiento tropezó. Defendió que aquel conjunto de casitas y huertas desaparecidas en la urbanización eran suelos rurales, pero esa batalla se perdió ya en 2011, cuando el Supremo ordenó que la retasación se hiciese tomándolos como suelos urbanizables.

Se trata, en realidad, de una pequeña 'Villa Magdalena'. Ambos expedientes guardan grandes similitudes. Tantas, como que las expropiaciones se aprobaron en la misma comisión de gobierno de noviembre de 1998. Tantas, como que nunca se pagaron ni consignaron los justiprecios. Los expropiados de Rodríguez Cabezas, además, aprendieron de Comamsa. Solo cuando la empresa de Miguel Ángel Menéndez del Fueyo solicitó la retasación que acogotó las cuentas municipales y acabó elevando el precio de la biblioteca a 63 millones de euros, se dieron cuenta de que también ellos llevaban más de dos años, exactamente casi diez sin cobrar por sus fincas, y solicitaron la suya.

Al igual que con el palacete, el Ayuntamiento trató de defender que no había tal derecho a retasación en los tribunales. Fracasó ante el TSJA y solo pudo mantener su pretensión ante el Tribunal Supremo para cinco de las ocho fincas expropiadas. Las otras tres tenían valoraciones inferiores a los 150.000 euros. Tampoco prosperaron los argumentos municipales ante el alto tribunal y los expedientes volvieron de uno en uno a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias para su retasación.

La CUOTA amable

La CUOTA fue amable. Fijó valoraciones modestas, que el Ayuntamiento, ahora sí, se apresuró a consignar en 2014, doce años después de las expropiaciones. En total, para las cinco fincas en cuestión, el organismo estimó un valor conjunto de 740.000 euros. La tasación de la finca ocho, por ejemplo, confirmó la de los técnicos municipales en 24.680 euros. El jurado de expropiación, sin embargo, la elevó un año más tarde a 380.106 euros. Cifras y saltos similares traen los expedientes de las otras cuatro fincas cuyo justiprecio ha recurrido el Ayuntamiento. La número nueve pasó de los 42.335 euros de valor para los técnicos municipales, a más de 651.371.

El Ayuntamiento acudió al TSJA para que defender que se trataba de suelos rurales y no urbanos. El asunto es controvertido, pero el Tribunal Supremo ya se pronunció sobre ello en 2012, sobre todo porque el propio Consistorio había exigido el 10% de cesión. El alto tribunal, oídas las partes, recordó que era un «hecho no controvertido» que la finca objeto de expropiación se encontraba «en un polígono vinculado a la desaparición de las vías de Feve», una zona que entendió como suelos no totalmente consolidados, como pretendían los expropiados, pero sí de naturaleza urbana que debía ser «calificado el suelo como urbano no consolidado».

En el resto de cuestiones que peleaba el Ayuntamiento, como el aprovechamiento medio de los terrenos, también fijó criterio en su día el alto tribunal. Consideró que había que hacer media aritmética de los aprovechamientos correspondientes a los siguientes ámbitos urbanizables próximos: Rodríguez Cabezas I, Rodríguez Cabezas II, Sarandeses y Unidad de Gestión 1/46. Al Supremo le salían 1,74 metros cuadrados construibles por cada metro de suelo. O lo que es lo mismo, miles de euros.

La sentencia, a estas alturas del año, se dejará sentir en el presupuesto del próximo ejercicio. Afectará tanto al capítulo de inversiones como al de los gastos financieros. No hay que alarmarse, gracias al pufo del Calatrava hay margen para no exceder el techo de gasto.