Coto: «La propia Junta dictaminó informes que decían que Martínez podía acceder a adjudicaciones públicas»

La portavoz de Foro en el parlamento asturiano ha afirmado que las acusaciones a sus diputados se deben a la actitud «revanchista del Gobierno regional que actúa de forma sectaria»

EFEoviedo

La portavoz de Foro en la Junta General, Cristina Coto, ha asegurado hoy que distintos organismos de la Cámara, incluido el Pleno, dictaminaron informes favorables en los que aseguran que José Antonio Martínez, aún siendo diputado regional, podía optar con sus empresas a adjudicaciones públicas.

Coto ha realizado esta declaraciones en una rueda de prensa en la que Martínez ha estado arropado por la mayoría de los integrantes del Grupo Parlamentario de Foro ante el procedimiento abierto en la Consejería de Educación en torno a un contrato de servicio de comedor en colegios públicos de una empresa de este diputado.

La portavoz ha extendido el apoyo de su grupo parlamentario al diputado Pelayo Roces, que como Martínez, fue cuestionada su actividad empresarial por la exconsejera de Bienestar Social, Esther Díaz, que anunció su dimisión el pasado lunes por su vinculación con la empresa Davelco, administrada por su marido y que había trabajado para compañías contratadas por la administración.

Coto ha afirmado que las acusaciones a sus diputados se deben a la actitud "revanchista del Gobierno regional que actúa de forma sectaria apoyado" en informaciones periodísticas. Ha precisado que el Gobierno ha iniciado una operación "ventilador" con el fin de trasladar a la opinión pública que todos los políticos son iguales, que se comportan como los socialistas.

La portavoz ha rechazado que se pueda comparar el caso de Díaz con el de sus diputados, que sí rellenaron la casilla en la que decían que tenían empresas que podrían optar a contratos públicos. Ha indicado que los dos diputados de Foro solicitaron que los diferentes órganos del Parlamento, como el Letrado Mayor, la Mesa de la Cámara e incluso el Pleno, realizaran informes sobre su compatibilidad que, en todos los casos, acordaron a favor de ellos.

Además, han criticado que la Consejería de Educación se apoye para abrir el expediente en una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ya que, según han recalcado, este órgano no tiene "relevancia" jurídica.