Foro recrimina a Fernández que no inicie un expediente sancionador contra Díaz

A. MORIYÓN OVIEDO.

Foro Asturias entiende que la dimisión de Esther Díaz como consejera de Bienestar Social no es suficiente y pide al presidente del Principado, Javier Fernández, que inicie el expediente sancionador previsto en la Ley 4/95 de incompatibilidades, actividades y bienes de los altos cargos del Principado a fin de «esclarecer» si la ex consejera vulneró la legislación vigente al participar la empresa Davelco (de la que ostenta el 19,8% del accionariado) en varias obras públicas y conseguir contratos del sector público estatal.

Foro Asturias reclama que se inicie la oportuna investigación por parte de la Administración regional y que se adopten, en su caso, las sanciones previstas en el reglamento, que podrían suponer la prohibición a Esther Díaz de ocupar cargos públicos por un periodo de hasta diez años. La actitud adoptada por parte del Ejecutivo regional al respecto, recriminó Francisco Álvarez-Cascos tras la Comisión Ejecutiva de Foro Asturias, «es incomprensible desde la perspectiva de la legalidad y los intereses generales y explicable únicamente en términos de defensa a ultranza y espuria de los intereses partidistas». Además, añadió el presidente de Foro, «contrasta vivamente con el celo desplegado por esta Administración autonómica para llevar a efecto de inmediato, sin perder un segundo, las airadas y nada veladas amenazas vertidas contra diputados de la Junta General por la ex consejera en su teatral intervención del pasado lunes».

Se refería Álvarez-Cascos a las manifestaciones realizadas por la propia Esther Díaz, una vez anunciada su dimisión, aludiendo sin citar a dos cargos de Foro vinculados a empresas que también han prestado servicios a la Administración. Considera Cascos que se trata de una campaña de desprestigio abanderada por el Gobierno del Principado contra cargos electos de Foro «sin otra finalidad que obtener una ventaja partidista a costa de desprestigiar a los adversarios y atentar contra su honrado medio de vida profesional y empresarial» y, por este motivo, comparecía ayer junto a los diputados de su partido a los que, sin llegar a citar, se refería la ex consejera, José Antonio Martínez y Pelayo Roces, y también en compañía del teniente de alcalde de Gijón, Rafael Felgueroso. Desde Foro se pretendía de esta forma defender públicamente «el comportamiento intachable de nuestros compañeros agredidos» y avalar, con pruebas, la compatibilidad de sus actividades empresariales con sus cargos públicos.

Álvarez-Cascos mostró la declaración de incompatibilidades de ambos diputados ante la Junta General, en la que se dio cuenta de su actividad profesional, e informó que el órgano competente no planteó ninguna objeción sobre la compatibilidad con su trabajo político. «La exigencia ética de la que hace gala Javier Fernández no se demuestra con casillas en blanco en las declaraciones de actividades de los altos cargos», señaló en referencia a la no mención por parte de la ex consejera de su participación en la empresa Davelco en dicho registro. «Con los casos Riopedre, Villa, Niemeyer, COGERSA, TPA, Cudillero, Pravia, Aller, Valdés, Llanes y consejera de Bienestar en su balance ético, Javier Fernández no está para dar ejemplo a la sociedad asturiana», sentenció.