El año sin rugidos del 'Tigre de Tuilla'

Postigo habla con Fernández Villa en su último congreso del SOMA como secretario general. /
Postigo habla con Fernández Villa en su último congreso del SOMA como secretario general.

La fiscal anticorrupción, a la que la investigación de la trama 'Púnica' le ha restado tiempo para el caso del exsindicalista, ha entrevistado a varios testigos y atisba una trama compleja

OCTAVIO VILLA GIJÓN.

El próximo jueves, ocho de octubre, hará un año de la mayor convulsión ética registrada en la política autonómica asturiana. Más allá de las pugnas internas de los partidos, que en ocasiones han hecho tambalearse gobiernos y fragmentarse a las formaciones. Más allá de la estafa de que fue víctima Juan Luis Rodríguez Vigil, que le llevó a dimitir. Por encima de eso, el ocho de octubre de 2014 se supo que el que había sido el gran referente del sindicalismo, el líder más o menos en la sombra del socialismo asturiano durante más de tres décadas y la persona que quitaba y ponía presidentes del Principado, secretarios generales de la FSA y directivos de la caja autonómica, José Ángel Fernández Villa, había defraudado a Hacienda.

Ese día se dio a conocer que el hasta entonces referente ideológico y sindical de muchos miles de personas en la región se había acogido en 2012 a la amnistía fiscal abierta por el ministro Montoro y había regularizado, al menos, 1,2 millones de euros que tenía sin declarar. Y que la fiscalía anticorrupción llevaba ya un año investigándole, para averiguar si en el origen de dicha cantidad de dinero no declarada pudiera haber algún tipo de delito.

Porque la regularización, en sí misma, no tenía nada de ilegal, por más que se pueda discutir las bases éticas sobre las que Montoro abrió esa opción, en principio destinada a que las empresas con contabilidad creativa u obligadas por las circunstancias del mercado a trabajar parcialmente en 'negro' pudieran sacar a flote sus cuentas en 'b' sin sufrir represalias. Mala práctica empresarial, pero cuando se trata de un político y sindicalista sin otros ingresos conocidos que los sueldos inherentes a sus sucesivos cargos, explicar el origen de 1,2 millones de euros en 'b' se vuelve muy tortuoso.

Máxime, si se tienen en cuenta los insistentes comentarios que circulan en las cuencas sobre los fondos de formación y los cursos cobrados pero no realizados, sobre las obras hechas con cargo a los fondos mineros y la inflación de los costes de alguna, e, incluso, sobre las dietas por asistencia a los consejos de administración de Hunosa que debería haber ingresado el sindicato y que, según salió a relucir en la comisión de investigación que el Parlamento autonómico organizó sobre el origen de la fortuna oculta de José Ángel Fernández Villa, habrían supuesto que éste ingresó cerca de un cuarto de millón de euros en dietas que le habría correspondido percibir al propio sindicato.

Cuando algún líquido salpica, quienes más rápido saltan para apartarse son quienes más cerca están. No habían pasado ni 24 horas desde que la fortuna oculta de Fernández Villa salió a relucir cuando la nueva dirección del Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias (SOMA-Fitag-UGT), la central que Villa lideró entre 1978 y 2013, anunció, con muestras de indignación, la apertura de un expediente que acabaría en la expulsión de su histórico líder. Según expresaría luego el nuevo secretario general, José Luis Alperi, no se encontró «ni el 10% de la oposición que esperaba» a la apertura de ese expediente, aunque aquella mañana de octubre de 2014 en la sede del SOMA, en la plaza de la Salve de Sama, se escucharon grandes voces y discusiones.

También inmediata fue la reacción del presidente del Principado y secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Javier Fernández, que suspendió de militancia de forma instantánea a quien le había aupado hasta el cargo orgánico que detenta desde noviembre de 2000. Pocos días después, Alperi y Fernández reunieron a sus formaciones en Mieres para explicar lo poco que sabían. Y la situación que se les venía encima. Villa, entretanto, guardaba un desacostumbrado silencio. Su esposa, María Jesús Iglesias, esgrimía ante la Junta General un informe médico en el que se hablaba de que Villa sufría un «síndrome confusional transitorio». La expresión dio para muchos comentarios. También, que la fortuna por la que no se había tributado hasta 2012 procedía de una supuesta herencia familiar, centrada en el negocio de los padres de Villa en Tuilla, Casa Hermógenes. Dicha herencia nunca fue cuantificada, acreditada ni documentada, e, incluso, una de sus hermanas, de 71 años, negó recientemente la existencia de tal herencia.

Acreditado también está que los ingresos conocidos de Fernández Villa no justificarían la existencia de dichos 1,2 millones de euros. Por la obvia razón de que las retribuciones como diputado, senador o miembro del consejo de administración de Hunosa se abonan con total transparencia para la Agencia Tributaria.

El 17 de octubre, la Junta General aprobó la constitución de una comisión de investigación sobre la fortuna oculta de Villa. En cuatro meses de trabajos y con 800.000 folios de documentación a analizar, poco trascendió sobre el origen de la fortuna del sindicalista. El carácter parlamentario, y no judicial, del órgano temporal creado por la Junta General, sumado al hecho de que hubo formaciones que se emplearon más a fondo en cargar contra otros partidos que en investigar, y también que hubo comparecientes más dispuestos a cobrarse antiguas deudas que en aclarar lo sucedido, dificultó los trabajos.

Al final, dos posibles orígenes de la fortuna oculta asomaron entre el tsunami de papel y de declaraciones. Villa habría cobrado 243.462 euros en talones nominativos por las dietas de los representantes del SOMA en el consejo de administración de Hunosa y ese dinero nunca habría llegado a la caja del sindicato, que está analizando sus cuentas y ha anunciado que se personará contra Villa si confirma el quebranto producido. Pero la parte del león de lo que se conoce podría estar en las obras del geriátrico del Montepío de la Minería en Cabañaquinta, ejecutadas mientras uno de los más cercanos colaboradores de Villa, José Antonio Postigo, presidía en representación del SOMA dicha mutualidad. Postigo, por cierto, también se acogió a la amnistía de Montoro para regularizar 300.000 euros en negro. Y su hija, Patricia, hizo lo propio, para legalizar apenas 50.000.

Mientras tanto, la fiscal anticorrupción, Carmen García Cerdá, pidió una segunda prórroga para sus pesquisas, con lo que su investigación sobre la fortuna del exsindicalista llegará a los dos años. Por el momento, fuentes de la fiscalía han apuntado precisamente a que ésta provendría de supuestas comisiones derivadas de las obras de construcción de la residencia para mayores del Montepío. El actual presidente de la mutua (que relevó a Postigo en junio de 2014), Juan José González Pulgar, puso a disposición de la fiscalía «toda la información y todos los expedientes» sobre la obra del centro residencial, sobre la que la propia mutualidad realizó auditorías sin detectar irregularidades. Sin embargo, según las investigaciones de la fiscalía, en estos controles no se puede vigilar que las facturas hayan llegado o no hinchadas al departamento de contabilidad.

Mientras se espera por las conclusiones de la fiscalía, que ha entrevistado a varios testigos y que atisba la existencia de una trama compleja, el propio Villa sigue en silencio, sin que haya trascendido si el síndrome confusional transitorio ha llegado o no a su fin.