El Principado se persona en la causa abierta contra UGT por el presunto fraude en las subvenciones

El PP reclama en la Junta General la adopción de medidas de control interno y de comprobación del destino de las ayudas públicas

EFE

El Gobierno regional se personará en la investigación abierta por la supuesta actuación fraudulenta en materia de subvenciones públicas llevada a cabo por el sindicato UGT a través de su fundación, el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), que llevó a la Fiscalía a denunciar al sindicato. Esta decisión, adoptada este miércoles por el Consejo de Gobierno, ha sido anunciada hoy por el consejero de Empleo, Francisco Blanco, durante su respuesta a una pregunta formulada por el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons en el Pleno que hoy celebra la Junta General.

Blanco ha señalado que el Gobierno, además de facilitar la información solicitada por la Fiscalía, llevó a cabo previamente "a la luz de algunas informaciones periodísticas" una serie de revisiones sobre las ayudas concedidas al sindicato "más allá del procedimiento habitual".

Así, en el primer trimestre de 2015 el Ejecutivo acordó la revocación de subvenciones a UGT por importe de 347.000 euros -más de 400.000 euros con los intereses de demora- aunque ha advertido de que el sindicato ya ha ganado algunos juicios en los procedimientos contencioso-administrativos que presentó contra estas decisiones.

Para el diputado del PP, dada la denuncia formulada por la Fiscalía, el Gobierno debe adoptar medidas de control interno y de comprobación y control de las subvenciones dada "la gravedad de los hechos" en una materia "tan sensible" como es la formación que se presta a trabajadores desempleados. "En casos anteriores, el Gobierno siempre ha obstruido todos los mecanismos de control parlamentario y corrieron en la dirección contraria del fuego. Ahora estamos viendo el humo, vayan a apagarlo y no corran en dirección contraria", ha añadido Cuervas-Mons.

Las diligencias de investigación se incoaron en el mes de diciembre de 2014, tras un informe presentado en la Fiscalía Superior por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, denunciando una relación de hechos que podrían ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública (en referencia al delito de fraude de subvenciones) y otro de falsedad documental. Los hechos se referían a una supuesta actuación fraudulenta en materia de subvenciones públicas por el sindicato UGT, a través de su fundación IFES, con sede en Madrid y con delegaciones territoriales, para la realización de actividades formativas y de estudios sociales. En el informe se indicaba que los hechos guardaban semejanza con los que se estaban investigando en otro procedimiento penal abierto en el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla. Además, a raíz de la amplia difusión pública de esa información, la unidad policial habría recibido información por parte de una persona sobre la existencia de hechos similares en Asturias.