Alperi admite la falta de control interno en las cuentas del SOMA-UGT

José Luis Alperi, actual secretario general del SOMA-Fitag-UGT. /
José Luis Alperi, actual secretario general del SOMA-Fitag-UGT.

La acusación sostiene que en esta organización, al contrario que en el SOMA-Fitag-UGT, «nadie hacía nada contrario a lo que ordenaba el señor Villa»

A. MORIYÓN OVIEDO.

La actuación de José Ángel Fernández Villa es equiparable, salvando las distancias, a la de quien tiene una cuenta bancaria con su mujer, o su madre, en la que quedan detallados todos los movimientos y puede ser fácilmente fiscalizada por su familia, y luego otra cuenta para uso propio, en la que aprovecha para realizar las gestiones de las que no quiere que tengan conocimiento sus allegados. Con este símil familiar trataba de explicar ayer el actual secretario general del SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi, la actuación de su predecesor que, según las conclusiones del informe de la UCO desvelado por EL COMERCIO, habría utilizado la persona jurídica del SOMA-UGT (desde 1994 sin actividad sindical, al quedar integrada en SOMA-Fitag-UGT) para enriquecerse ilícitamente. «Desde Madrid se revisaban las cuentas del SOMA-Fitag-UGT, pero no las del SOMA-UGT, que debería tener sus propios mecanismos de control», censuró. Alperi entiende que debe ser el propio Villa, y sus principales colaboradores, quienes expliquen por qué motivo se mantenían varias entidades jurídicas paralelas que, según determina la Guardia Civil, habrían servido al exdirigente sindical «como pantalla para lucrarse».

José Luis Alperi, que declaró ayer en calidad de testigo en el juzgado de instrucción que investiga la denuncia interpuesta por el sindicato minero contra quien fuera su secretario general durante más de tres décadas, fue preguntado precisamente por la magistrada Simonet Quelle Coto sobre el funcionamiento de las tres organizaciones (SOMA-UGT, SOMA-Fitag-UGT e Infide) y la relación de unas con otras. Alperi explicó, a la salida del juzgado, que la actual dirección del sindicato pretendía durante 2014 «regularizar» estas entidades. Comenzaron «renovando» el SOMA-UGT en julio de aquel año y planeaban hacer lo propio en diciembre con el Infide cuando, en el mes de octubre, saltó el escándalo del 'caso Villa'. Desde entonces, completó, la dirección ha tratado de esclarecer el origen de la fortuna oculta del exdirigente sindical y recordó, en este sentido, que la denuncia que se instruye se sustenta en una auditoria externa encargada por esta central en la que, sostiene, queda demostrado el menoscabo sufrido en el patrimonio del sindicato. «La actuación judicial sigue su curso y nosotros vamos a colaborar, como es nuestra obligación y es nuestro interés», completó Alperi, quien lamentó que, hasta el momento, siga sin desvelarse «el origen de los 1,4 millones regularizados por José Ángel Fernández Villa, los más de 300.000 euros regularizados por José Antonio Postigo y los 60.000 de su hija. Esperamos que la Fiscalía aporte claridad en breve», declaró.

La comparencia ayer en sede judicial de Alperi, y del resto de los testigos (el expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo; el exsecretario de administración del sindicato, Aquilino Ronderos; un empleado del Infide, Jesús Sánchez Blanco y Carmen Blanco, quien fuera secretaria de Villa durante treinta años), además de la de Pedro Castillejo, imputado junto a José Ángel Villa en el caso, sirvió, a juicio de la acusación, para «ratificar los hechos en los que se sostiene la querella». Miguel García Vigil, letrado del despacho Ontier, que defiende los intereses del sindicato minero, manifestó a las puertas del juzgado que con los testimonios escuchados ayer «se confirma la idea de que en el SOMA-UGT, a diferencia del SOMA-Fitag-UGT, la palabra de Villa era la última y nadie hacía nada contrario a lo que ordenaba». Mientras que, añadió, en el Infide «la última palabra» la tenía el otro imputado, Pedro Castillejo.

La defensa de Castillejo, a cargo de Alfredo García López, tiene una percepción muy diferente de lo ocurrido ayer. Considera que los últimos acontecimientos confirman que con la imputación de su cliente «se buscaba un chivo expiatorio, pero en esta organización hay mucha tela que cortar». García también reprobó que la acusación presentara, bajo su punto de vista, una memoria «incompleta» de la actividad realizara por el Infide durante los años en los que Castillejo estuvo al frente del patronato, para tratar de desacreditar la labor de su cliente. La acusación entiende, sin embargo, que esta memoria «da idea» de la escasa labor de la fundación y apunta que Castillejo -que accedió a los juzgados asegurando estar «encantado de volver a declarar las veces que sea necesario»- no supo indicar en el interrogatorio «qué actividades quedaron fuera de la memoria».

Salvo Alperi, el resto de los citados a declarar evitaron hacer declaraciones ante los medios de comunicación, aunque Postigo sí amenazó con ofrecerlas más adelante. «Llevo mucho tiempo callado. Cuando llegue el momento, hablaré», prometió, aunque rehusó pronunciarse sobre la acusación, por parte de un testigo, de haber cobrado comisiones en las obras de la residencia del Montepío. «Los testigos tienen que venir a los juzgados», respondió.