Villa y Postigo tomaron la decisión que permitió desviar las dietas, según un testigo

José Ángel Fernández Villa, en una imagen datada en 2010, recibiendo la medalla del Montepío de la Minería de manos de José Antonio Postigo. /
José Ángel Fernández Villa, en una imagen datada en 2010, recibiendo la medalla del Montepío de la Minería de manos de José Antonio Postigo.

El personal del SOMA coincide en el «control absoluto» de la contabilidad de la organización por parte del exsecretario general

ANA MORIYÓN OVIEDO.

Nadie duda a estas alturas del poder, no sólo sindical, sino también político, que José Ángel Fernández Villa ejerció durante décadas en la región. Un control que, en su propia casa, el sindicato SOMA-UGT, se convertía en «absoluto», según determina el informe suscrito por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que se sustenta, en buena parte, en el testimonio de varias personas que trabajaron codo con codo con él tanto en SOMA-UGT como en el SOMA-Fitag-UGT. Coinciden todos en que su autoridad era total dentro del sindicato, donde se le presuponen todo tipo de responsabilidades, incluida la del control de las cuentas y las decisiones más trascendentales.

Claves para la investigación llevada a cabo por la UCO son las palabras de Constantino Suárez Ordiz, que realizó labores de informática en el sindicato minero desde el año 2000 y, actualmente, ocupa el cargo de secretario de administración del SOMA-Fitag-UGT y es tesorero de SOMA-UGT. En su declaración ante los agentes de la Guardia Civil, realizada hace casi un año, el actual dirigente sindical atribuyó al propio José Ángel Fernández Villa, y a su compañero y amigo José Antonio Postigo, expresidente del Montepío de la Minería, la decisión de que los pagos de las dietas de Hunosa por la asistencia a los comités intercentros se ingresaran en las cuentas del SOMA-UGT (sin actividad sindical desde 1994), en lugar de en las de SOMA-Fitag-UGT. Una determinación que él mismo desaprobó en su declaración ante los investigadores ya que, razona, se trata de ingresos que corresponden al SOMA-Fitag-UGT por sus cargos de representación en la empresa pública. «Realmente el SOMA-UGT no debería ser su destino», declaró.

Constantino Suárez también apuntó que el SOMA-UGT realizaba pagos periódicos a la cuenta personal de Villa, y que Postigo habría cobrado comisiones a empresarios para poder trabajar en las obras del macrogeriátrico de Felechosa, tal y como ya adelantó EL COMERCIO. Y es que los investigadores no centraron sus interrogatorios en la figura de Villa, sino que es obvio su interés por el papel de su colaborador y la relación entre ambos. Una relación «de hermanos», al menos en opinión de Postigo, según se extrae de la declaración de Carmen Blanco, quien fuera secretaria de Villa durante tres décadas, aunque ahora ya jubilada.

Los testimonios de Carmen Blanco y María Noely Llaneza, quien la sustituía en sus labores de secretaria puntualmente, son igualmente reveladores. Ambas relatan cómo el exsecretario general les ordenaba cobrar, con su DNI físico, cheques -al principio de unos 600 euros, pero que fueron ascendiendo hasta los 1.800 euros- procedentes de la empresa pública. A ambas les pidió discreción y les aseguró que se trataba de su sueldo como consejero de administración en esta entidad, pero ahora los investigadores creen que se trataba de las dietas al sindicato por la asistencia al comité intercentros. Blanco tilda de «autoritaria» la personalidad de Villa. «Se consideraba el jefe, ansiaba poder y lo tenía en realidad, también en el PSOE», relata. Sin embargo, opina que su antiguo jefe realmente nunca tuvo amigos dentro del sindicato puesto que, dice, quienes le rodeaban «eran personas interesadas por el poder político que tenía».

El interrogatorio a Aquilino Ronderos, secretario de administración de SOMA-Fitag-UGT hasta 2013, sirvió para arrojar luz sobre el entramado jurídico con el que opera el sindicato. Informó a los investigadores de que, pese a la fusión llevada a cabo en 1994, el SOMA-UGT nunca llegó a desaparecer. «Se mantuvo para conservar su patrimonio» pero, puntualiza, ni SOMA-Fia-UGT ni SOMA-Fitag-UGT «tienen nada que ver» con SOMA-UGT. Dijo ser conocedor de que Hunosa abonaba mensualmente, mediante cheque hasta 2000 y a partir de ese año a través de transferencia bancaria, unos 60.000 euros mensuales procedentes de cuotas de afiliación de sus trabajadores que, según su testimonio, se abonaban en la cuenta correcta, aunque la Guardia Civil no ha podido corroborar este extremo. También reconoció estar al tanto de que la empresa pública abonaba mediante cheques, esta vez dirigidos al SOMA-UGT, las dietas del comité intercentros. Una situación que se mantuvo incluso después de la fusión pero, asegura, desconoce «quién cobraba esos cheques y el importe de los mismos». Es más, indica que era él quien pagaba en metálico las dietas a los miembros del comité intercentros con fondos de una cuenta nutrida exclusivamente por las cuotas de los afiliados, y en la que Hunosa no hacía ningún tipo de ingreso. Pese a ello, tanto él como el resto de los testigos coinciden en que nunca sospecharon que se estuviera cometiendo irregularidad alguna.