El Gobierno ultima la subida salarial a los funcionarios con 15 millones de la prórroga

El portavoz, Guillermo Martínez, y la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, en un pleno. /
El portavoz, Guillermo Martínez, y la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, en un pleno.

Prevé aprobar la próxima semana el proyecto de ley para remitirlo a la Junta; la situación de minoría del Ejecutivo deja en el aire la iniciativa

ANDRÉS SUÁREZ OVIEDO.

El Gobierno regional prevé aprobar la próxima semana el proyecto de ley para subir un 1% el sueldo de los empleados públicos. El Ejecutivo ha reservado para costear la medida una partida de 15 millones de euros con cargo a la prórroga presupuestaria, toda vez que entre sus planes parece estar resistir el primer semestre del año sin acudir a créditos extraordinarios. Con todo, la voluntad del gabinete socialista queda a expensas de lo que decida la Junta General, lo que complica las cosas por su situación de franca minoría y la actitud beligerante de los grupos de la oposición.

Que ese incremento salarial a los empleados de la administración asturiana no pueda ser aprobado de forma directa por el Gobierno y necesite la cobertura de un proyecto legislativo, lo que implica su paso por la Junta General, añade incertidumbre al proceso. En lo tocante al Ejecutivo, se dan ya los últimos retoques a la propuesta que, según sus cálculos, será aprobada por el gabinete la semana próxima en su habitual reunión de los miércoles. De la prórroga se liberarán 15 millones de euros para costear la medida, en el marco de la gestión que los socialistas están haciendo de un ejercicio marcado por la ausencia de unos nuevos presupuestos.

Una gestión «prudente y realista», según fuentes del Ejecutivo, o «lenta y temeraria» para quienes creen que el gabinete de Javier Fernández debería ser más diligente a la hora de acudir a la Cámara a negociar créditos extraordinarios que permitan movilizar recursos con los que mitigar el impacto de la prórroga y dinamizar, en la medida de lo posible, la actividad económica. Sin embargo, el Gobierno no ha hecho aún ningún movimiento en ese sentido y se plantea resistir hasta el segundo semestre del ejercicio sin tener que demandar esos fondos adicionales. A la vista del arranque del periodo de sesiones, en el que se ha visibilizado a las claras la soledad parlamentaria de los socialistas, no está el patio político para someterse a batacazos como el sufrido a cuenta del proyecto de presupuestos para 2016.

De hecho, este proyecto de ley de incremento salarial a los empleados públicos es visto por el Ejecutivo como una suerte de test para episodios de mayor envergadura, como los citados créditos extraordinarios. El problema para Fernández y los suyos es que carecen de mayoría para sacar adelante cualquier iniciativa y su relación con los dos grupos cuyos votos son decisivos, PP y Podemos, está prácticamente rota. Así, la aprobación de una propuesta tan aparentemente sencilla como esta, que derivará en una mejora retributiva para el personal al servicio de la administración asturiana, se ve comprometida por esta inestabilidad.

El temor del Gobierno radica en que alguno de los grupos de la oposición enmiende el texto a mayores, y plantee exigencias como el anticipo de la última parte de la extra anulada en 2012 y posteriormente recuperada, cuyo pago está ahora previsto para comienzos de 2017, o la aplicación de la jornada de 35 horas en la administración. Cuestiones que supondrían un incremento económico más allá de los 15 millones de euros previstos que el Gobierno difícilmente podría asumir.

Pero los socialistas tienen que asumir el riesgo en tanto en cuanto la subida salarial del 1% es la traslación a la comunidad de una medida estatal que tiene muy difícil rehuir. Así que pondrá sobre la mesa el proyecto de ley con la confianza, según los más optimistas, de que la oposición no se atreverá a dejar sin esa mejora retributiva al personal, o con la intención, según el análisis de quienes peor ven las cosas, de forzar a los grupos a retratarse, a asumir la responsabilidad de tumbar esa medida.

Al final, todo está condicionado por la tremenda incertidumbre del panorama político nacional. La fractura entre los partidos con capacidad para decidir -PSOE, PP y Podemos- es hoy abierta y eso tiene su traslación directa a Asturias. Inseguridad que explica, por ejemplo, las reticencias del Gobierno de Fernández, hoy sin apoyos, a acudir a la Junta con medidas relevantes como los créditos. En el caso de los sueldos, prácticamente no tiene otra opción.