«La Ley de Cuentas permite a todos vigilar la buena gestión de los fondos públicos»

Francisco Jurado expondrá sus criterios sobre la Ley de Cuentas mañana en la Junta General./
Francisco Jurado expondrá sus criterios sobre la Ley de Cuentas mañana en la Junta General.

Francisco Jurado investigador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona

OCTAVIO VILLA GIJÓN.

El economista e interventor en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Barcelona, Francisco Jurado Gilabert, será uno de los expertos que mañana comparecerán ante la Junta General para aportar sus criterios sobre la proposición de Ley del Principado de Cuentas Abiertas para la Administración Pública, una iniciativa del grupo parlamentario de Podemos. La tramitación en la Junta de esta propuesta será un buen termómetro de las relaciones entre los grupos de la izquierda.

¿Por qué es necesaria una Ley de Cuentas? ¿No era obligado ser transparente en la gestión de los fondos públicos?

Sí. La ley es la garantía máxima de que no haya un empleo inadecuado de los fondos públicos. Igual que cada persona tiene acceso en tiempo real al estado de sus cuentas, deberíamos poder controlar el estado de las de la Administración, si el dinero público es de todos. La ley anterior no llegaba a tanto. Los estados de tesorería y movimientos estaban fuera de nuestro alcance. Es importante una ley como esta, cuando la corrupción es el problema que más preocupa a los ciudadanos.

¿Es suficiente el texto original que se plantea, o es un remiendo?

La proposición de Podemos, antes de las enmiendas, es el mismo texto que se usó en el Parlamento de Andalucía. Intentamos hacer la ley más completa posible, teniendo en cuenta las limitaciones que establece la Ley de Protección de Datos. No queríamos que supusiera un aumento de los costes, y sí que fuera de fácil uso.

Hay funciones de la Administración, en particular en asuntos de seguridad, que no se pueden ejercer si son conocidas por todos. ¿No considera necesario que los gobiernos puedan disponer de fondos reservados?

A eso me refería cuando hablaba de las limitaciones que marcan otras leyes. Hay que cumplirlas, pero son las menos. No hay tantos fondos reservados como parece.

En todo caso, los corruptos, imputados, juzgados o no, sufren la pena de telediario. Incluso si son inocentes.

Sí, y eso es consecuencia del contexto actual. Si hay crisis económica y se pide a los ciudadanos austeridad y, por otra parte, hay malversación de fondos, cohecho, comisiones ilegales... corrupción, en suma, es normal que la ciudadanía esté muy indignada.

El político corrupto no sólo comete un delito contra el tesoro público, sino contra la propia estructura del Estado y contra el concepto que los ciudadanos tienen de la política.

Esa es una de las causas por la que 9 de cada 10 ciudadanos no se fían de los partidos o creen que las instituciones están muy alejadas de la sociedad. Por eso esta ley va en la dirección de la transparencia, aunque también tenemos que fomentar más la participación de otras formas.

¿Cómo?

Trabajamos en varias iniciativas, como que los ciudadanos puedan votar las leyes directamente, a través de internet, en los parlamentos, que son las instituciones que menos han cambiado en los últimos 300 años. Hay que solucionarlo.

Pero eso podría llevar a obviar a los representantes públicos.

Los ciudadanos no van a estar haciendo todo el día leyes, pero también hay que conseguir que los parlamentarios no sean los intermediarios forzosos. Hay que buscar fórmulas mixtas para que los ciudadanos puedan participar directamente en política y no solo cada cuatro años, en cumplimiento del artículo 1.2 de la Constitución.

En todo caso, pisar moqueta es muy diferente que protestar contra la corrupción en las calles. Los nuevos partidos como Podemos y Ciudadanos hacen planteamientos muy estrictos contra la corrupción, pero la tentación está siempre ahí y es muy humana.

Sí. Eso es algo empírico, las probabilidades de gestionar de forma incorrecta están ahí. Siempre va a haber un factor humano, lo que hay que hacer es cambiar los mecanismos de la Administración pública, dando herramientas para que eso no suceda.

El panóptico invertido

¿Cómo se puede regular para evitar eso? Pongo un ejemplo: Si una empresa quiere un determinado contrato público, siempre puede forzar voluntades del político de turno ofreciendo, pongamos por caso, un buen empleo a un primo quinto. O comprando una propiedad invendible de una tía abuela...

Hay que marcar una frontera entre la intimidad personal y la esfera de lo público. Habrá un millón de maneras poco rastreables de hacer esas cosas, y son difícilmente evitables. Pero imagínese que podamos tener acceso a las cuentas públicas y ejerciendo ese derecho vemos un movimiento bancario de la Administración no justificado: con eso, ya vemos que ha pasado algo. O que en tiempo de elecciones podemos comprobar que un candidato usa su cargo para hacer obras no justificadas, como rotondas o puentes innecesarios, dejando las cuentas en números rojos. Ese aumento de la exposición pública limitaría mucho ese mal uso del dinero de todos. Esto no es el '1984' de H. G. Wells, sino lo contrario, la gente vigilando a la Administración. O la inversión del panóptico del filósofo utilitarista Jeremy Bentham, que era una cárcel en la que un guarda podía ver a todos los reclusos. Ahora es lo contrario: la Ley de Cuentas permite a todos tener la capacidad de vigilar la buena gestión de los fondos públiocos, los recursos de todos.