El Comercio

Políticos y expertos recelan de la utilidad de la ley de cuentas abiertas

En primer término, Antonio Arias, Avelino Viejo, Margarita González y Dolores Carcedo, ayer, en la Junta General.
En primer término, Antonio Arias, Avelino Viejo, Margarita González y Dolores Carcedo, ayer, en la Junta General. / DANIEL MORA
  • Critican su «deficiente técnica legislativa», ven «complicado su encaje con la Ley de Protección de Datos» y alertan de los riesgos de hacer público este tipo de información

Podemos y Ciudadanos parecen tener claros los beneficios que en pro de la transparencia supondría la aprobación de la ley de cuentas abiertas. Pero parecen ser los únicos. Porque, al margen de los dos expertos convocados por la formación morada, los demás -políticos, juristas y economistas- no arrojaron ayer más que dudas sobre la misma. Entre sus muchos recelos quizá el más importante sea el que cuestiona su utilidad, aunque la redacción de la proposición de ley y la posibilidad de que la publicación de estos datos sirva para que determinadas empresas hagan negocio con ellos también fueron motivo de duras críticas.

La consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, se posicionó con los comparecientes más tajantes: «Los ciudadanos tienen derecho a una información útil e inteligible, que les ayude a conocer y a hacerse una idea de la gestión de los fondos públicos». Algo que no consigue, en su opinión, la ley de cuentas abiertas: «No por tener más datos se tiene más información». De hecho, los movimientos bancarios «de una manera aislada» -o, lo que es lo mismo, sin conocer el proceso de ejecución presupuestaria y los expedientes al completo- no contribuyen a facilitar «información verdaderamente útil al ciudadano» y solo aportan datos (más de millón y medio anuales, según sus cálculos) «que pueden llegar a confundir» si no son tratados adecuadamente. Además, añadió, «tal y como está redactada la ley es inaplicable». Por otra parte, habló de la necesidad de conciliar la transparencia informativa con la protección de datos.

La interventora general del Principado, Belén Menéndez, hizo hincapié en que «no se puede controlar la materialización de la ejecución presupuestaria, que parece que es lo que se pretende, con el hito final de cobros y pagos». Pero, en caso de que así fuese, la aplicación de esta «imprecisa» ley, advirtió, «tendría un coste probablemente muy elevado».

Para el síndico Antonio Arias la proposición «adolece de cierta bisoñez respecto a la técnica legislativa», pero esto no desmerece su buena intención. Él es partidario de «no hurtar a la sociedad civil de esta posibilidad» de acceder a los datos bancarios. Teniendo en cuenta, eso sí, «que no es gratis». No comparte su postura el síndico mayor, Avelino Viejo, que desgranó una serie de problemas que anidan en este tipo de información financiera. «Muchas veces el acúmulo excesivo de datos nos impide ver la información significativa y relevante», defendió. Además, señaló, «la información segmentada y parcial tiene un valor reducido desde el punto de vista de la transparencia».

Lo mismo piensa el catedrático de Derecho Constitucional Ignacio Villaverde: «Es una proposición de ley cargada de buenas intenciones, pero que aporta muy poco o nada a la transparencia de las administraciones públicas y trasluce cierta ignorancia de su funcionamiento». Además de censurar su «deficiente técnica legislativa», teme que «produzca un mar de datos que ahogue al ciudadano. La luz es el mejor producto de higiene, pero a veces es tanta que ciega». En todo caso resumió, «cuentas abiertas sí, pero no así». Tal y como está redactada ahora la proposición «iríamos en contra de la propia ley de transparencia, que exige inteligibilidad».

El vicerrector de Planificación Económica de la Universidad de Oviedo, Santiago Álvarez, insistió en que «es totalmente irrelevante conocer los pagos de la Administración si no se vinculan con su expediente de ordenación del gasto presupuestario». Por eso, cree, dicha ley no contribuiría a evitar posibles casos de corrupción.

El abogado y profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona, Javier Junceda, recordó que «la ley de protección de datos fue una de las grandes conquistas de la democracia, es un derecho fundamental muy importante, que tiene difícil encaje con la ley que hoy nos trae aquí». Para acomodarse a ésta, solo aparecerían publicados ocho de los veinte dígitos del número de cuenta. Para eso, «¿merece la pena que estemos aquí convocados?», preguntó.

Creen que sí el economista e interventor del Ayuntamiento de Orihuela, Fernando Urruticoechea, y el economista e interventor en el Instituto de Gobierno y Políticas públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, Francisco Jurado. El primero considera la medida propuesta como «positiva» y apuesta por el «control preventivo, medidas de cambio cultural y un régimen sancionador efectivo. ¿La clave? «Una función pública independiente», aseguró. Jurado, por su parte, contestó a quienes consideran que a los ciudadanos no les interesa conocer todos los extractos bancarios de la Administración. «Es peligroso hacer esas generalizaciones. Dudar si están interesados es rebajar la importancia de esta cuestión respecto a la obligación de rendición de las cuentas públicas».

En cuanto a los grupos parlamentarios, Ciudadanos fue el único que cerró filas con Podemos en la defensa del proyecto de ley. «No estoy de acuerdo con eso de 'no te lo doy porque no lo vas a entender'. Es cierto que datos no es lo mismo que información o conocimiento, pero usted deme los datos y ya veré yo», pidió. Para los demás, tal y como verbalizó Gaspar Llamazares (IU), las comparecencias han generado más reticencias sobre una ley «que necesitará muchas enmiendas». Foro, que no se quedó a la fijación de posiciones, envió luego un comunicado rechazando una propuesta «inservible en materia de transparencia». Igual de innecesaria consideran la ley el PP -que instó a «reforzar los controles internos y externos»- y el PSOE, que incidió en que la información relevante «ya es pública».