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ATLAS ESPAÑA
Martes, 13 de agosto 2019, 18:55
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Hacen de intermediarios entre las familias españolas y los países que sí permiten la gestación subrogada. Son unas veinte empresas a las que el Gobierno quiere que se investigue. Pero esas agencias dicen que su actividad es plenamente legal, que se limitan únicamente a asesorar jurídicamente a las familias. La asociación que engloba a las familias dice por su parte que perseguir a las agencias no impedirá que se siga optando por subrogar la maternidad a terceros países. De hecho, dicen, ya se hacía antes de que existieran mediadores. Para el Gobierno, estas empresas se lucran a través de una actividad ilegal en España que además puede vulnerar los derechos de las mujeres gestantes. Un argumento que comparten las asoociaciones feministas.
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