El Gobierno aprueba la recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, y la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio (d), durante una rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo de ministros, este viernes, en el palacio de La Moncloa en Madrid./EFE
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, y la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio (d), durante una rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo de ministros, este viernes, en el palacio de La Moncloa en Madrid. / EFE

Da 'luz verde' además al registro de la jornada laboral de los trabajadores por parte de las empresas

EUROPA PRESS

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un decreto ley que recoge la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, el registro de la jornada laboral, bonificaciones a la contratación de parados de larga duración, la recuperación de la cotización de cuidadores no profesionales y el aumento de las cuantías no contributivas de las prestaciones familiares por hijo.

Así lo ha señalado la ministra de Trabajo, Migraciones y la Seguridad Social, Magdalena Valerio, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha asegurado que el gasto que comportan estas medidas se afrontará a través de la prórroga de los Presupuestos de 2018, la reordenación de determinadas partidas, la eliminación de otras, como el contrato de apoyo a emprendedores, y el aumento de las cotizaciones, que ha cifrado en 3.300 millones de euros, por que ha defendido que hay «margen de maniobra» para que las medidas salgan adelante.

Valerio ha indicado que los servicios jurídicos prevén la publicación del real decreto ley el próximo martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque cada medida entrará en vigor en distintos días, y espera que sea convalidado en la Diputación Permanente del Congreso.

El decreto ley fija recupera el subsidio para parados mayores de 52 años, frente a los 54 actuales, lo que tendrá un coste de 348,7 millones y del que se beneficiarán más de 114.000 personas, ha explicado Valerio, quien ha indicado que, además, afectará a otras 266.000 personas, ya que pasarán a cotizar por el 125% de la base mínima de cotización, frente al 100% del SMI actual.

De esta forma, los nuevos beneficiarios del subsidio cotizarán en el SEPE por el 125% de la base mínima de cotización y los que ya lo perciben pasarán a hacerlo también por ese 125% de base mínima, referenciada al SMI.

A su vez, se verán afectadas otras 12.000 personas que cobrarán el subsidio de forma parcial, ya que a partir de ahora todas las personas con contratos a tiempo parcial cobrarán la totalidad del subsidio como si trabajasen a tiempo completo. En conjunto, en torno a 380.000 personas se beneficiarán de los cambios en el subsidio.

El subsidio para mayores de 55 años es una ayuda mensual de 430 euros que el trabajador en paro cobra hasta que alcanza la edad de jubilación que le permite acceder a una pensión contributiva, con independencia de su modalidad, lo que en la práctica se traduce en jubilaciones anticipadas forzosas y, por tanto, en pensiones de menor cuantía. Esta medida entrará en vigor al día siguiente de la publicación del real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Igualmente, a través de este decreto ley se incrementa la duración máxima del subsidio, de forma que los beneficiarios podrán seguir percibiéndolo si no encuentran empleo hasta que les llegue la edad de jubilación.

Registro de la jornada laboral

Asimismo, el real decreto ley modifica el Estatuto de los Trabajadores en lo que respecta al registro de jornada para que las empresas hagan un registro diario del horario de sus trabajadores, que deberá incluir el inicio y finalización de la jornada, sin perjuicio de la flexibilidad horaria. En concreto, establece que las compañías deberán conservar los registros durante cuatro años y que permanecerán a disposición de los trabajadores, sindicatos y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Las empresas dispondrán de dos meses desde la publicación del real decreto ley en el BOE para poner en marcha esta medida.

De manera complementaria, se modifica el texto de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), para tipificar como infracciones en el Orden Social las derivadas de incumplimientos relativos al registro de jornada.

Bonificaciones a la contratación

También se establecerán bonificaciones a la contratación de parados de larga duración, con un coste de 25,68 millones. Así, los empresarios que contraten indefinidamente a personas desempleadas inscritas en el SEPE, al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación, tendrán derecho a una bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social por trabajador de 1.300 euros al año durante 3 años, cifra que ascenderá a 1.500 euros anuales si la contratada es una mujer. Este «plus» para las mujeres busca paliar la brecha laboral, ya que del total de 1,32 millones de parados de larga duración, el 64% son mujeres, ha apuntado Valerio.

Además, se clarifica el Plan de Garantía Juvenil, destinado a jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 años, para evitar la posible incertidumbre acerca del límite del 20% de la tasa de desempleo (EPA) del colectivo de personas de entre 25 y 29 años.

Reducción de cuotas agrarias y en turismo, hostelería y comercio

La norma incorpora un Plan para impulsar que las empresas conviertan en indefinidos o en contratos fijo-discontinuos los contratos temporales de los trabajadores agrarios por cuenta ajena, con una bonificación de la cuota empresarial por contingencias comunes durante dos años. La cuantía de esa bonificación puede llegar hasta los 40 euros al mes por trabajadores encuadrados en el grupo 1 que cobren menos de 1.800 euros y trabajen todo el mes, y en el caso de la mujer, hasta 53,33 euros al mes. El coste será de 12,7 millones.

También verá la luz una reducción del 14,6% en las cuotas para trabajadores del sistema especial por cuenta ajena del sector agrario durante sus periodos de inactividad, de forma que, con efectos del 1 de enero, aquellos que hayan realizado un mínimo de 55 jornadas cotizadas en 2018 se les aplicará el descuento. Se beneficiarán 230.000 personas, de las que el 82% trabaja en Andalucía, que pagarán 103,12 euros, 4,5 euros más al mes, frente a los 120,75 euros que habrían abonado anteriormente, evitando así el impacto del alza del SMI.

A su vez, los artistas podrán solicitar la situación de inactividad en cualquier momento del año, siempre y cuando acrediten, al menos, 20 días en alta con prestación real de servicios en el año anterior.

Asimismo, habrá una reducción a la mitad de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores fijos discontinuos de las empresas de sectores de turismo, hostelería y comercio durante los meses de febrero, marzo y noviembre.

Las compañías podrán aplicar una bonificación del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, por desempleo, Fogasa y Formación Profesional de los trabajadores fijos discontinuos de estos sectores en los meses de febrero, marzo y noviembre. La medida, que costará 15 millones, contribuye al mantenimiento de más de 50.000 empleos esos meses.

Medidas sociales

Con este real decreto ley también se recupera la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores familiares de personas dependientes (coste de 296,28 millones) y se duplican las cuantías no contributivas de las prestaciones familiares por hijo para luchar contra la pobreza infantil, que pasa a 341 euros anuales, con carácter general, y que aumenta hasta 588 euros en el caso de personas con menores ingresos (coste de 157,56 millones).

Por otra parte, la Seguridad Social incrementará la cuantía mínima de la pensión de Incapacidad Permanente Total para menores de 60 años, que se sitúa en 6.991,60 euros si es con cónyuge a cargo y unidad económica unipersonal, y 6.930 euros para las personas con cónyuge no a cargo. Este aumento tendrá efecto retroactivo al 1 de enero de 2019.

El Gobierno también prevé constituir un grupo de expertos antes del 30 de junio para llevar a cabo los estudios necesarios para la elaboración de un nuevo Estatuto de Trabajadores.

Por último, en materia de inmigración se recupera el Fondo de Apoyo a la acogida e integración de inmigrantes, que fue eliminado en el 2012, con una dotación de 70 millones.