El PP ve la armonización fiscal como un «elemento de confrontación»

Al mensaje de optimismo con el que todos los grupos parlamentarios salieron la semana pasada de la reunión con el presidente del Gobierno de Asturias para tratar de alcanzar un pronunciamiento común con respecto a la financiación autonómica, empiezan a aparecer los primeros recelos. La defensa a ultranza que el Gobierno socialista realiza en el borrador entregado a todos los partidos de la armonización fiscal entre comunidades autonómicas no ha gustado a todos por igual. De esta forma, los grupos de la derecha rechazan la medida, aunque apuntando a argumentos de distinta naturaleza. El PP, a través de su portavoz parlamentaria, Teresa Mallada, considera que la propuesta de armonización fiscal solo aporta «confrontación entre partidos políticos y con otras comunidades» en el «necesario consenso» sobre el nuevo modelo de financiación.

Ciudadanos, por su parte, asume la necesidad de realizar un análisis «sosegado» sobre dicha armonización. «Puede parecer razonable trazar unas bandas de oscilación, unos límites mínimos y máximos para los impuestos autonómicos, pero no se debe dar por hecho que algunos gobiernos regionales están actuando de forma desleal, sino que dentro de sus competencias y capacidades de regulación fiscal están siendo más capaces que otros de realizar ajustes que permiten contener la presión impositiva», apostilló la portavoz de Ciudadanos en la Junta, Laura Pérez Macho, quien aprovechó para reprochar que gobiernos como el asturiano «son claramente incapaces de hacer otra cosa que no sea gastar más, pedir más ingresos y subir los impuestos».

Para Foro, el Gobierno del Principado utiliza el término «armonización fiscal» como «excusa» para subir los impuestos, «sin además mejorar nuestros servicios», recriminó el portavoz del grupo, Adrián Pumares. El diputado se muestra muy crítico con la posibilidad de subir impuestos e incide en su apuesta por un sistema «que cumpla con los principios constitucionales de igualdad y de solidaridad entre territorios». Desde Vox, Sara Álvarez Rouco considera que «la financiación de las autonomías se debe abordar en clave nacional y adoptando medidas valientes y que garanticen la igualdad entre todos los españoles».

Para los grupos de la izquierda las preocupaciones son otras. Así, desde Podemos han recibido con cierta inquietud las declaraciones realizadas hace unos días en Valencia por la ministra en funciones de Hacienda, María Jesús Montero, apuntando a la «población» como criterio determinante en el reparto de fondos entre comunidades. «Si no rectifica sus palabras, la ministra Montero estará dictando una sentencia de muerte contra Asturias», advierte Lorena Gil, portavoz de la formación morada. «Si el criterio imperante es el de la masa poblacional en lugar de tomarse en consideración el coste de los servicios públicos, se primará el peso político en lugar de las necesidades de la sociedad», completó.

Esta cuestión fue llevada esta misma semana al pleno por Podemos, que quiso saber la opinión de Adrián Barbón sobre la postura de la ministra. El presidente del Principado restó importancia a las declaraciones de María Jesús Montero y recordó que «no hay posición oficial» del Gobierno central sobre el futuro modelo de financiación autonómica y que el único documento que maneja al respecto reconoce que la población no puede ser el único criterio determinante.

Por su parte, desde IU inciden en la necesidad de alcanzar acuerdos con otras comunidades con características similares para lograr un modelo que logre suficiencia económica, y que permita la prestación de los servicios a la ciudadanía con independencia del lugar donde se viva.