El arquitecto del geriátrico de Felechosa pactó el precio antes de la adjudicación, según la UCO

El arquitecto del geriátrico de Felechosa pactó el precio antes de la adjudicación, según la UCO
Varios abogados vinculados al 'caso Hulla' salen del juzgado. / ROJAS

Los agentes investigan los correos de Sastre con varios trabajadores de la constructora y su defensa alega que siempre cumplió ordenes del Montepío

ÓSCAR PANDIELLO OVIEDO.

La tercera jornada de declaraciones que esta semana está viviendo el 'caso Hulla' estuvo marcada por dos ausencias. Se trata de la responsable del área administrativa en y del responsable de la oficina técnica de Alcedo de los Caballeros, la empresa constructora que ejecutó las obras del geriátrico del Felechosa. Aunque estaban llamados a declarar ayer como testigos al Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió en las últimas fechas documentación adicional que hizo que se cancelaran sus declaraciones.

En concreto, se trata de una conversación vía correo electrónico en la que los dos cargos de Alcedo de los Caballeros presuntamente acordaban los precios de la obra con el arquitecto Manuel Sastre. Todo ello, antes de la adjudicación de los trabajos. Por ello, y después de recibir la notificación de la UCO, la jueza decidió cancelar las declaraciones y ahora se baraja llamar a ambos extrabajadores de Alcedo como investigados. En dichos correos, el arquitecto del geriátrico habría remitido el proyecto de obra y el presupuesto indicando cuáles debían ser los campos a modificar para conseguir la adjudicación. Cabe recordar que Sastre fue parte de la comisión técnica que asesoró a la mutualidad a la hora de adjudicar las obras.

Ante la cancelación de las comparecencias, la defensa de Manuel Sastre ha salido la paso de estos correos electrónicos para negar cualquier vinculación de su defendido con cualquier acto delictivo. En este sentido, el letrado del arquitecto no ha querido pronunciarse sobre «el contenido de un determinado correo que habría sido fruto de una incautación judicial en la práctica de una diligencia de registro y sobre cuya legitimidad y autoría no se ha pronunciado el afectado».

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De cara al futuro, y siempre según su defensa, Sastre dará explicaciones «cumplidas y concretas» sobre su actuación, que se enmarcó en el «estricto ámbito de una relación jurídica entre dos entidades privadas y siguiendo siempre las instrucciones impuestas por el Montepío». En este sentido, el abogado sostiene que Sastre no tuvo ningún tipo de relación con la elección final de la constructora. «No puede ni poner ni quitar un rey cuando el rey ya está impuesto».

Precisamente, la declaración ante la UCO del responsable de la oficina técnica de Alcedo, destapada por este periódico en noviembre, puso de manifiesto que varios elementos declarados en la obra no coincidieron con los realmente ejecutados. Estas falsas justificaciones ante el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) fueron realizadas de manera intencionada tras «un acuerdo entre la promotora y la constructora», según declaró. Esto es, entre el Montepío de la Minería y Alcedo de los Caballeros.

En concreto, el encargado de pasar los gastos al programa informático confirmó que Juan Antonio Fernández, propietario de Alcedo, le pedía que certificara sobre el proyecto original, «no coincidiendo en lo que se certificaba con lo realmente ejecutado».

Queda por ver si la próxima citación del juzgado a los dos encargados de Alcedo de los Caballeros durante la construcción del geriátrico es en calidad de investigados. En este sentido, el próximo informe de la UCO sobre estas nuevas indagaciones será clave en la decisión de la jueza.