Asturias perdería hasta un 20% de recursos si el modelo valenciano se impone al del noroeste

La reforma del sistema de financiación autonómica que lleva caducado desde 2014 y que resulta vital para hacer frente a los servicios básicos del Principado vuelve a estar en el punto de mira. El hecho de que esta misma semana el presidente en funciones, Pedro Sánchez, se comprometiera a completar la citada reforma del modelo en solo ocho meses a partir de que se constituya el próximo Gobierno ha provocado satisfacción y preocupación a partes iguales. Satisfacción, porque es una demanda común por parte de todas las comunidades, que coinciden en declararse insatisfechas por el modelo actual y urgen su modificación. Y preocupación porque, después de años de plazos incumplidos por parte de diferentes gobiernos, este compromiso político se ha materializado en Valencia durante la ronda de consultas que Sánchez está realizando para recabar el apoyo necesario para su investidura. Regiones de la España vaciada, como Asturias, no ven con buenos ojos que el presidente en funciones utilice la reforma del modelo de financiación autonómica para cortejar a formaciones como Compromís, ya que el sistema que reclama Valencia, y en general la zona mediterránea, es diametralmente opuesto al suyo y, de aceptarse, podría perjudicar sus intereses.

Concretamente, el presidente de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, calcula que la diferencia económica entre que se imponga el modelo «a la valenciana» en su extremo -que aboga por un sistema en el que se tengan en cuenta la capacidad recaudadora y la población-, y el defendido en Asturias y en otras regiones despobladas -donde se aboga por primar criterios como el envejecimiento- «podría ser de hasta un 15 ó 20%». Eso sí, el experto en financiación autonómica mantiene que lo lógico es que ninguna de las partes sea capaz de imponer su criterio al 100% en una futura negociación política y que el Gobierno central opte por una solución intermedia, de forma que la fluctuación «no será tan dramática».

Pese a que el Gobierno central continúa en funciones y no existe aún ningún gesto que indique que Pedro Sánchez estará en condiciones de ser investido el próximo mes de septiembre, el debate ya está otra vez abierto. Comunidades como Cataluña o Valencia han utilizado cálculos realizados por el Gobierno de la Generalitat sobre lo que aportan y reciben las autonomías al conjunto del Estado, así como la financiación que ingresan por habitante -en base a los datos de liquidación publicados esta semana por el Ministerio de Hacienda con respecto al ejercicio de 2017- para tratar de demostrar que son unas de las regiones peor financiadas. Una tabla en la que Asturias sale bien parada no solo porque recibiría por cada habitante 415 euros más de lo que aporta, sino porque el montante que recibe por persona (2.749 euros, según el citado cálculo) está por encima de la media (2.495 euros).

Este criterio no convence ni a Asturias ni al resto de las comunidades más despobladas y envejecidas, como pueden ser Galicia, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja o Extremadura. Todas ellas ya han hecho frente común para hacer valer sus propios criterios en la reforma del modelo de financiación y reclamar al Gobierno central que, a la hora de repartir los dineros, no solo se tenga en cuenta la capacidad fiscal de las comunidades o su población, sino otras cuestiones como el declive demográfico, el envejecimiento de sus habitantes o su dispersión. Inciden en que la financiación debe garantizar que todos los españoles, independientemente del lugar en el que vivan, tengan derecho a los mismos servicios y para ello, aducen, debe tenerse en cuenta el coste de los mismos. Y en esta línea, se pone siempre como ejemplo que el gasto en sanidad es más elevado en una población envejecida y el de educación también es superior si se deben de garantizar este tipo de servicios entre una población más dispersa.

Lo cierto es que hasta el momento lo único real que existe sobre la mesa es un informe elaborado durante la pasada legislatura por una comisión de expertos de todas las comunidades que consensuó una serie de cuestiones, pero que dejó a criterio político otras como cuál debe ser el grado de solidaridad entre territorios y la aportación del Gobierno central.

El ahora síndico mayor, Roberto Fernández Llera, que participó en este informe en representación de Asturias, explicó en su momento que el dictamen elaborado por los técnicos conlleva buenas noticias para la región y que, de aceptar los representantes políticos el documento tal y como está planteado, Asturias podría recibir entre 70 y 80 millones más al año como consecuencia del incremento previsto del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). De aquello hace ya dos años y no se ha dado un paso más. Tras la moción de censura a Mariano Rajoy, el Gobierno de Pedro Sánchez dijo no tener margen de maniobra para abordar esta cuestión peliaguda. Ahora, sin embargo, dice que le bastan ocho meses. Entre tanto, según el cálculo de los expertos, Asturias dejaría de ganar cada año unos 80 millones de euros.