Asturias recibirá 123 millones de euros de los fondos retenidos en Madrid

La ministra de Hacienda. /
La ministra de Hacienda.

La liquidación del ejercicio de 2018 arroja un saldo positivo para el Principado, con un ingreso de 176 millones

EDURNE MARTÍNEZMADRID.

Las comunidades por fin recibirán los 4.682 millones de euros que el Ministerio de Hacienda ha estado reteniendo durante este año por no contar con unos Presupuestos de 2019 que permitieran la actualización de las cuentas de la financiación autonómica. La ministra de Hacienda confirmó ayer que el Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto ley que permitirá las entregas a cuenta tanto para comunidades como para ayuntamientos, quienes recibirán otros 821 millones. Asturias recibirá finalmente 123 millones de euros por este concepto, algo más de lo previsto.

María Jesús Montero afirmó que quince comunidades (todas menos País Vasco y Navarra) recibirían una carta en la que se les informa de la cantidad concreta que recibirán por el concepto de entregas a cuenta, pero también de la liquidación de 2018, que se cobrará en 2020. Según datos del Ministerio, esta cantidad asciende a 10.955 millones (la diferencia entre las entregas a cuenta del año pasado y el importe definitivo que les corresponde y que se liquida dos años después), un dinero con el que no contaban porque es «imposible» de calcular, dijo la ministra.

Esos casi 11.000 millones suponen 4.800 más que la liquidación practicada en 2019 correspondiente al ejercicio 2017 debido al «buen comportamiento en el rendimiento del IRPF y del IVA». Asturias recibirá por este concepto 176 millones de euros.

Por otro lado, en concepto de entregas a cuenta, las autonomías recibirán en total este año 102.800 millones, un 7,1% más que en 2018. Las tres que más dinero ingresarán son Cataluña (875 millones), Andalucía (831) y Madrid (679), mientras que las que menos serán Baleares (101 millones), Cantabria (75) y La Rioja (39). Las comunidades con mayor volumen de población, renta y recaudación aportada reciben más, pero también existen mecanismos de compensación para las regiones menos pobladas o con menor renta.

María Jesús Montero recordó que es la primera vez que se realizará este pago del Estado a las autonomías estando con un Gobierno en funciones y con unos Presupuestos prorrogados, algo que calificó de «hito» porque sienta un «precedente» para que los servicios públicos que tienen transferidos (sanidad, educación y servicios sociales, entre los más importantes) «no estén sujetos» ni a la formación de Ejecutivo ni a la aprobación de unas cuentas públicas, algo importante dada la dificultad de llegar a acuerdos de gobierno.

La ministra quiso hacer hincapié en que pese a la polémica suscitada -la oposición tacha de electoralista la entrega de estos miles de millones precisamente en precampaña electoral-, desde el Ministerio de Hacienda han estado «buscando soluciones desde el primer día». «No podíamos actualizar antes las entregas porque la Abogacía del Estado entendía que se condicionaba la actuación del gobierno entrante», ya que cuando se pidió el informe aún era posible su formación. Pero actualmente, con la convocatoria electoral para el 10 de noviembre, la actualización de las entregas a cuenta de 2019 «ya no puede afectar la actuación presupuestaria del Ejecutivo entrante en el año en curso».

Además, hay otro elemento relevante. La no actualización de esta cantidad puede generar «un problema de tesorería» en la parte final del año para las comunidades, lo que convierte en «urgente» el abono de los anticipos. Montero destacó que el Ministerio ha estado haciendo una monitorización de todas las comunidades y sus planes de tesorería en los últimos meses y se encontraron con que alguna puede tener dificultades de pago «ya en el mes de noviembre».

Por tanto, en su opinión, este decreto ley significa un «fortalecimiento de la autonomía política y financiero de las comunidades» con el objetivo de que no sean «víctimas» del bloqueo institucional. La reforma de financiación autonómica, sobre la mesa desde hace años, debería ir «en esta línea» de mayor independencia para que los presupuestos autonómicos «no dependan tanto» de los del Estado.