Los autónomos y pymes que se adhieran al fondo de rescate deberán mantener la actividad

El proyecto de presupuestos coloca los 100 millones de euros en el denominado Fondo de Contingencia, lo que permitirá al Gobierno utilizarlo con una mayor agilidad en función de las necesidades que se vayan produciendo. El fondo nace sin estar asignado a ninguna consejería en concreto y serán los distintos departamentos del Gobierno los que vayan haciendo uso de él con sucesivas convocatorias de ayudas en función de la evolución de la pandemia. Eso sí, en caso de que las cuentas salgan adelante, el dinero estará disponible con fecha 1 de enero.

Las convocatorias que se pongan en marcha estarán dirigidas a autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles y pymes cuyas actividades no han podido ser desarrolladas o que se han visto seriamente afectadas a causa de la pandemia. La previsión es que las ayudas se entreguen de forma directa y siempre dentro del próximo año.

El articulado del proyecto presupuestario profundiza también en la fórmula de concesión de las ayudas. Las solicitudes se tramitarán y resolverán «por orden de presentación», una fórmula que afectará también a su concesión. Según señala el articulado de esta ley, las ayudas se concederán hasta «el agotamiento de la financiación disponible» en cada convocatoria, quedando desestimadas las solicitudes que no se hayan tramitado hasta ese momento. Este mecanismo, utilizado en otros tipos de ayudas, ya ha recibido críticas por parte de grupos de la oposición, aunque la tramitación en la Junta del proyecto puede dar pie a cambios.

Otro de los requisitos que impone esta primera versión del proyecto presupuestario es que los beneficiarios de las ayudas deben estar al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social y no pueden tener deudas vencidas con el Principado. Estas dos exigencias, que emanan de la Ley de Subvenciones estatal, también han sido objeto de críticas con anterioridad. La llegada de la pandemia y la súbita parada de la economía llevó a que muchos negocios vieran complicarse hasta el extremo su situación económica, contrayendo deudas con estas dos entidades que hasta entonces nunca habían tenido. El hecho de que ahora no puedan acogerse a estas ayudas de emergencia se interpreta como una injusticia, por lo que se reclama al Gobierno central que aporte una solución legal para poder revertir la situación.

El fondo de eescate no es la única ayuda que el Gobierno ha puesto en marcha durante la pandemia. En el transcurso de la primera ola, cuando llegaron los ceses de actividad de primavera, el Principado puso en marcha una ayuda de 400 euros dirigida a autónomos. La partida inicial fue de 4 millones de euros, por lo que se pudo llegar a unos 10.000 profesionales.

En la segunda ola, una reordenación presupuestaria permitió poner sobre la mesa 33 millones de euros en ayudas a los sectores afectados. Ahora, con los 100 millones previstos para 2021, se espera poder dar cobertura a aquellos negocios y profesionales que peor lo están pasando por culpa de la pandemia y contribuir a la reactivación económica de la región.