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JOSÉ L. GONZÁLEZ
GIJÓN.
Domingo, 20 de septiembre 2020, 01:50
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«Absolutamente inadmisible». Esas fueron las palabras que pronunció esta semana Adrián Barbón en la Junta del Principado para referirse al enésimo retraso en la aprobación del estatuto de las industrias electrointensivas, una herramienta fundamental para un sector en el que se encuadran algunas de las principales empresas asturianas.
La frase de Barbón encierra varias claves de lo que va a ser la primera parte del curso político. En los próximos meses, Asturias, al igual que muchas otras comunidades, se juega mucho y a las urgencias presupuestarias se suman otros asuntos que la pandemia no ha hecho más que dotar de mayor trascendencia aún. La situación de la industria asturiana no era buena antes de la llegada de la covid y lo que se supone que iba a ser uno de los primeros asuntos en pasar por la mesa del Consejo de Ministros acumula retraso tras retraso. Poco se sabe además de las alegaciones asturianas al estatuto ni de las medidas que el Gobierno central quiere poner en marcha para dotar de estabilidad al mercado de los precios de la energía, cuestión clave para que las empresas puedan planificar su futuro. Dentro de la propia FSA ya hay quien exige al presidente del Principado mayor contundencia para obtener una respuesta satisfactoria de los ministerios de Transición Ecológica y de Industria, de los que dependen muchos proyectos clave para la región.
La lista de demandas al Gobierno no se acaba con el sector industrial. La elaboración de las cuentas del Principado depende en buena medida de las decisiones del central y desde Asturias se reclama la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. De este cónclave que Pedro Sánchez se comprometió a reunir en septiembre deberían salir los números a los que el Principado tendrá que ajustarse para sus propios presupuestos. El Ejecutivo regional trabaja a ciegas, hasta que no se conozcan las transferencias con las que contará en 2021. Un año marcado por la pandemia y la previsible caída de ingresos e incremento de los gastos que han llevado al Ejecutivo autonómico a reclamar en varias ocasiones relajar las normas de estabilidad presupuestaria para poder hacer frente a la situación, así como mayores recursos para las comunidades autónomas en los Presupuestos Generales del Estado. Ayer mismo, el presidente regional cuantificó en 160 millones el gasto extraordinario realizado en el Principado por el coronavirus, que se suma a otros 160 millones que ha dejado de ingresar.
Un ojo está puesto en Madrid y otro en Bruselas. Los fondos europeos se han presentado como una tabla de salvación, pero los criterios de reparto aún no están decididos. Las negociaciones en Europa serán intensas, pero luego se trasladarán a Madrid, donde el Gobierno tendrá un amplio margen para decidir dónde coloca el dinero. Conocer los criterios de una y otra institución está marcado como prioritario para el Ejecutivo asturiano, consciente además de que antes de que llegue un euro a la región habrán de pasar largos meses. Todo en medio de una negociación presupuestaria en la que el equipo de Sánchez trabaja para conformar una mayoría con la que sacar adelante sus propias cuentas y en la que los partidos nacionalistas apuntan a ser actores relevantes.
De esos presupuestos el Principado reclama un compromiso claro con varios asuntos pendientes. Que haya una dotación suficiente para rematar los trabajos de la alta velocidad asturiana y desarrollar con garantías el plan de choque de las cercanías son dos de las cuestiones que centran sus demandas, que se completan con asuntos como las integraciones ferroviarias en Langreo y Gijon.
La lista de reclamaciones urgentes que están ya sobre la mesa de Sánchez las completan la cultura y los servicios sociales. La necesidad de que se programen actividades culturales y se apruebe el estatuto del artista ya ha sido trasladada, así como la de que se mejore la financiación a la atención a la dependencia, cuyo peso recae ahora mayoritariamente sobre el Principado.
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