Castilla y León sigue el modelo fiscal de Ayuso y abre una brecha en la alianza por la financiación

Adrián Barbón, Alfonso Fernández Mañueco y Marcelino Marcos, en el acto de entrega de la Medalla de Oro de Galicia a Javier Fernández. /  D. A.
Adrián Barbón, Alfonso Fernández Mañueco y Marcelino Marcos, en el acto de entrega de la Medalla de Oro de Galicia a Javier Fernández. / D. A.

La intención de Asturias de vincular el reparto de fondos del estado con la fiscalidad choca con los planes impositivos de la comunidad vecina

JOSÉ L. GONZÁLEZGIJÓN.

A la unidad de las comunidades del Noroeste a la hora de reclamar que imperen una serie de criterios comunes en la reforma del sistema de financiación autonómica le ha salido una brecha. La pretensión del Principado de que la fiscalidad sea tenida en cuenta a la hora de remodelar la metodología de reparto de los fondos procedentes del Estado se ha topado con el anuncio del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de seguir el camino emprendido por Madrid con su «histórica» bajada de impuestos.

El presidente de la región vecina anunció ayer tras la toma de posesión de la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que durante esta legislatura abordará una rebaja fiscal que afectará, entre otros, a Sucesiones y al IRPF. «Bajar impuestos está en el ADN del PP», afirmó sobre una de sus promesas de la pasada campaña electoral que ahora quiere convertir en realidad.

La pretensión de seguir el modelo madrileño, que para el presidente de Castilla y León es el que permite estimular la actividad económica y crear empleo y nuevas empresas, choca con la petición que la pasada semana realizó el presidente del Principado, Adrián Barbón, e introduce un elemento de discordia en la alianza de comunidades del Noroeste.

Asturias, Galicia y Castilla y León habían mantenido hasta ahora un frente sin fisuras en el que la defensa de criterios como la dispersión de la población y el envejecimiento demográfico eran compartidos. Varias regiones se habían sumado a este grupo. Así, Aragón, La Rioja, Cantabria y Castilla-La Mancha abogan porque imperen estas premisas frente a comunidades como la Valenciana, donde mantienen que debe ser el criterio de población el que domine el cálculo del reparto.

La disputa entre regiones de distinto signo político por las políticas fiscales que aplica cada una de ellas lleva camino de abrir un nuevo frente. El pasado viernes, después de que Barbón criticase el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid al enteder que rompe «el principio de solidaridad» del Estado, los barones del PSOE salieron en su defensa y apoyo. Los presidentes de Aragón, Valencia, Castilla La Mancha y Extremadura, Javier Lambán, Ximo Puig, Emiliano García-Page y Guillermo Fernández Vara, respectivamente, se sumaron a las críticas a Ayuso por su reforma fiscal. «Sus políticas son viejas, están caducas y cuando se aplicaron aquí significaron recortes», afirmó entonces Ximo Puig en referencia a la nueva bajada del IRPF anunciada por Ayuso, que supondrá una reducción del 5,5% de los tipos de este impuesto a todos los contribuyentes y una pérdida para sus arcas públicas de unos 300 millones de euros.

La situación ahora es que los dos bloques de comunidades que defienden criterios diferentes a la hora de afrontar la reforma de la financiación autonómica se mantiene estable, aunque con el elemento discordante de si la carga impositiva que aplica cada una de ellas debe ser tenida o no en cuenta a la hora de fijar las condiciones del reparto.

El otro frente es el de la propia política fiscal de las autonomías, en el que la alineación de los territorios tiene que ver más con criterios de posicionamiento ideológico de sus gobiernos que con las características de sus comunidades. El escenario invita a pensar en una dura negociación de la reforma del sistema de financiación, que el Ejecutivo se ha comprometido a abordar en un plazo de ocho meses desde la formación del nuevo Gobierno.