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R. MUÑIZ
OVIEDO.
Jueves, 5 de octubre 2017, 08:00
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Defensa de la Policía, aviso de los pasos por venir, y mano tendida para darlos con el apoyo del resto de fuerzas constitucionalistas. Este es el mensaje con el que ayer se pronunció en Oviedo el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para quien «parece mentira que tengamos que estar hablando de las generales de la ley, y hacer declaraciones institucionales sobre el respeto a la misma».
Preguntado si tomará alguna medida contra el pleno convocado por el Parlament lo descartó «si es para llevar a cabo su actividad ordinaria». Caso contrario, asentó que «la obligación de cualquier gobierno es hacer la que ley se cumpla y las sentencias se ejecuten; para garantizarlo el Gobierno va a utilizar todos los mecanismos que la ley pone a nuestro alcance».
El titular de Justicia rechazó hablar directamente del artículo 155, si bien indicó que «cualquier paso que en el futuro vaya a darse, intentaremos que sea con el consenso de las fuerzas parlamentarias». En ese frente han surgido grietas, después de que los socialistas anunciaran su intención de reprobar a la vicepresidenta por el operativo policial del domingo. «Lo que hicieron este domingo las fuerzas y cuerpos de seguridad es defender el derecho de los ciudadanos», replicó Catalá, quien señaló que «Asturias ha conocido huelgas con desórdenes fortísimos, y las fuerzas han estado también defendiendo los derechos de todos». Extraer de los ataques policiales una consecuencia política «está fuera de lugar y más en este momento en que hay que centrarse en lo importante, que es garantizar el acatamiento de las sentencias».
El ministro cerró unas jornadas con presidentes de tribunales superiores de dieciséis comunidades respaldaron a sus colegas en Catalá ante «las presiones» sufridas. «No admitiremos chantajes ni cederemos a las coacciones, ni dejaremos impunes los delitos que hayan podido cometerse», respaldó Juan Manuel Fernández, vocal del Consejo General del Poder Judicial.
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