Emilio León: «No hay exceso de comisiones de investigación, sino de desfalcos»

Desde Podemos esperan que las comparecencias puedan comenzar a finales del próximo mes de mayo, de forma que antes de que concluya la legislatura su grupo esté en condiciones de presentar el dictamen definitivo. No obstante, el calendario para entrar de lleno en la comisión aún está en el aire. Por ahora únicamente se ha establecido un plazo de dos semanas para que los grupos presenten sus solicitudes de información al Gobierno.

La comisión parlamentaria tiene como objeto conocer la eficacia y el control de las ayudas en materia de concertación social, empleabilidad, inserción laboral y cursos de formación tras la investigación policial y judicial abierta en relación a las ayudas para los cursos de UGT. El presidente de la comisión, Emilio León, señaló la necesidad de «depurar las responsabilidades políticas» que puedan existir en este caso, en fase de instrucción judicial, máxime después de conocerse el último informe de la UCO que eleva el desfalco -entre 2010 y 2014- a 1,35 millones.

El también portavoz de Podemos entiende que la comisión debe pedir explicaciones sobre el supuesto mal uso que se ha dado a los fondos destinados a la formación de desempleados en una comunidad «con la mayor brecha salarial de España y con la tasa de desempleo juvenil más alta de Europa». «Tenemos que evaluar esas políticas porque no se puede reemplazar el derecho al empleo por el derecho al cursillo y que, llegado el momento, el cursillo tampoco esté», añadió. León negó también que, como apunta el PSOE, a lo largo de la actual legislatura haya habido un «exceso» de comisiones de investigación parlamentarias en la Cámara, sino un «exceso de desfalcos». Defendió, además, que «había motivos de sobra» para activar las cinco comisiones de investigación constituidas en esta legislatura -Gitpa, ERA, incendios, listas de espera y fondos de formación- y subrayó la importancia que ha tenido la irrupción de Podemos en la Junta General para que se llevaran a cabo.

El último informe de la UCO eleva su estimación de fraude a 849.233 euros atribuidos a UGT Asturias, y 504.049 más a su fundación IFES. En suma, 1,35 millones que, supuestamente, la organización sindical utilizó fraudulentamente para financiar su estructura, y no para el objeto de las subvenciones. No obstante, desde Podemos siempre han defendido que el fraude puede ser aún mayor porque la investigación judicial y policial se ciñe a un periodo de cuatro años y a unas ayudas dirigidas a unos colectivos concretos, pero no se investigan otras muchas como, por ejemplo, las dirigidas a la formación de mujeres o de inmigrantes.