Los 17 concejales de Aller investigados por el geriátrico de Felechosa designaron al mismo abogado

Geriátrico de Felechosa./J. M. Pardo
Geriátrico de Felechosa. / J. M. Pardo

Si Mallada resultase elegida diputada regional, pasaría a estar aforada y su procedimiento pasaría al TSJA

EFE

Los 17 concejales del Ayuntamiento de Aller investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con el 'caso Hulla' comparecieron en julio del pasado año ante el juzgado número 2 de Lena y, tras ser informados de su situación, designaron todos al mismo abogado. Así figura en las diligencias previas instruidas por ese juzgado en las que consta que la entonces concejala del PP en la oposición y actual candidata a la Presidencia del Principado, Teresa Mallada, compareció en la sede judicial el 10 de julio y, tras serles leídos sus derechos y su condición de investigada, designó procurador y abogado en la causa.

Posteriormente, el juzgado lenense inició los trámites para inhibirse en la investigación en favor del juzgado número 3 de Oviedo, que instruye el 'caso Hulla', y que ahora ha acordado abrir una pieza separada por el posible delito cometido por la corporación de Aller tras recibir el informe de la Fiscalía Anticorrupción.

El auto de imputación del juzgado de Lena no fue recurrido y, en el caso de Mallada, de ser elegida diputada en las elecciones autonómicas pasaría a estar aforada por lo que el juzgado número 3, si apreciase indicios racionales de delito, debería inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

En relación con este asunto, el Observatorio Ciudadanu Anticorrupción (Ocan), que ejerce la acusación popular en el 'caso Hulla', ha advertido de que los 17 concejales investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa por la cesión gratuita al Montepío de la Minería de los terrenos para construir un geriátrico sabían que era ilegal.

Según el portavoz de este colectivo, Manuel Benayas, dado que tanto la aprobación provisional como la definitiva de la cesión fueron informadas desfavorablemente por la Secretaría y la Intervención Municipal, todos los concejales aprobaron la decisión por unanimidad «a sabiendas de que contravenía la ley».

La condición de investigados de los ediles de Aller entre 2008 y 2010 se conoció después de que la titular del juzgado número 3 de Oviedo, que instruye el 'caso Hulla' en la que investiga el supuesto desvío de fondos públicos en la construcción del geriátrico de Felechosa, aceptara la inhibición del juzgado número 2 de Lena, ante el que Xente por Aller presentó denuncia contra dichos concejales.

De esta forma se acumularán en un procedimiento, aunque abriendo una pieza separada, la causa contra la corporación allerana y las diligencias abiertas a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para conocer, entre otras, la procedencia del patrimonio del exsecretario general del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, tras regularizar 1,2 millones de euros en la amnistía fiscal.

La candidata autonómica del PP defendió el pasado viernes la legalidad de una operación a la que el Principado no puso reparos y, tras mostrar su extrañeza porque su condición de investigada se conozca en plena precampaña, aseguró que ningún concejal investigado había sido llamado a declarar en el juzgado de Lena.

La 'operación Hulla', que instruye el juzgado número 3 de Oviedo, investiga el supuesto desvío de fondos en la construcción del geriátrico por parte del Montepío de la Minería, que requirió una inversión de 32 millones de euros con cargo a los fondos mineros.

Dicha obra fue la única ejecutada en Asturias con cargo a las partidas destinadas a compensar los efectos de la reconversión minera que no fue ejecutada por una administración pública lo que obligó a cambiar en 2009 la normativa vigente para que pudiera ser acometida por una entidad sin ánimo de lucro como el Montepío.

Anticorrupción inició esta investigación después de que Fernández Villa y el expresidente del Montepío José Antonio Postigo se acogieran a la amnistía fiscal de 2012 para regularizar 1,2 millones y 436.000 euros, respectivamente, fondos que sospecha que pudieron derivar de la obra del geriátrico.