Corinna y la 'operación Paul Bon'

Corinna declarará este viernes como testigo a partir de las 11 de la mañana. Lo hará por videoconferencia desde la capital inglesa. Y será su primera intervención pública en un juzgado español desde que se supo que recibió 65 millones de euros de don Juan Carlos como parte de una «donación irrevocable». Una fortuna que llegó a sus manos en 2012, tras cerrar el exjefe del Estado la cuenta de la fundación panameña a su nombre.

El procedimiento se inició con la querella por delitos de calumnias y denuncia falsa que Félix Sanz Roldán, como responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hasta julio de 2019, interpuso contra Villarejo por las acusaciones que éste realizó en el programa 'Salvados' de La Sexta cinco meses antes de su detención, en noviembre de 2017.

Camino de los dos años de la declaración notarial, la ofensiva judicial de Corinna tiene dos vertientes: la demanda interpuesta en Reino Unido contra el emérito en verano pasado por el supuesto plan orquestado por el CNI para proteger a don Juan Carlos, según ha denunciado; y del otro lado, su intención de contar en esta vista oral, que celebrará el Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid, en qué consistieron las «amenazas» de Sanz Roldán.

Todos estos detalles aparecen en esta declaración jurada de siete páginas, que fueron replicadas por Villarejo en televisión y que le costó la inusual querella del CNI -en nombre de su director- en defensa de la imagen de la institución. El comisario jubilado se enfrenta a dos años de prisión por ambos delitos. La Fiscalía defenderá que éste difundió el ataque a Corinna «siendo consciente de que no era cierto». La testigo tratará de probar que sufrió las amenazas para apoyar a Villarejo. El comisario jubilado fue la persona que grabó su encuentro en un hotel de Londres en 2015 con el expresidente de Telefónica, Juan Villalonga, y cuya difusión de los audios fue investigada y archivada por un juzgado de la Audiencia Nacional.

No obstante, estas grabaciones sacadas por la prensa en julio de 2018 también aseguraban que el anterior jefe del Estado disponía de cuentas opacas en Suiza y que había percibido comisiones ilícitas sobre contratos públicos obtenidos por empresas españolas. En concreto, por la adjudicación del AVE saudí. Unos indicios que abrieron la caja de pandora en el país helvético, donde la Fiscalía de Ginebra inició en agosto de 2018 una investigación por blanqueo de capitales y soborno de funcionarios públicos extranjeros que acabó con la imputación de Corinna o del gestor suizo de las cuentas de don Juan Carlos, entre otros. El telón se había caído y en marzo de 2020 se conoció, a través de un comunicado del abogado de la empresaria germano danesa, la transferencia de 65 millones del emérito.

El mayor interrogante ahora consiste en saber si Corinna relatará punto por punto en el juicio su declaración jurada o preferirá guardar sus mejores cartas para no interferir en su (anunciada) demanda contra don Juan Carlos en Reino Unido. En ese documento notarial relata la «larga campaña» del CNI entre abril y junio de 2012, cuando se llevó a cabo una «operación encubierta» que presuntamente lideró Sanz Roldán para recuperar sin éxito, según afirma ésta, «documentos sobre negociaciones financieras y empresariales de don Juan Carlos y otros miembros de la Casa Real».

En esa línea, la empresaria explicó que en 2012, año de la millonaria donación, el director de los servicios de espionaje profirió «amenazas» contra su seguridad para recuperar papeles, correspondencia personal y evidencias de la «relación» que mantuvo con el Rey. Todo se torció a partir del viaje a Botsuana, en abril de ese año, y el accidente que tuvo éste al romperse la cadera. «En aquel momento la romántica relación había llegado a su fin (...) Tras ese viaje percibí que era una amenaza para la Familia Real», explicó la empresaria alemana en su declaración notarial.

Corinna detalló que días después se enteró de un seguimiento de agentes del CNI en un viaje que hizo a Brasil. En mayo siguiente, el «general Roldán organizó una operación encubierta en su hogar y en la oficina de Mónaco» a través de la empresa de seguridad privada Algiz. Pero su verdadero propósito, confiesa en el acta notarial, no era protegerla sino que los agentes secretos «pudieran llevarse las ocho cajas negras con los documentos. La misión del general no pudo completarse y salí de Mónaco con la mayoría de los documentos intactos».

El siguiente episodio ocurrió en Londres. Sanz Roldán se reunió con ella en un hotel y le conminó a colaborar entre supuestas «amenazas explícitas» hacia su seguridad familiar. Luego apareció sospechosamente un libro sobre la muerte de Lady Di en su apartamento francés y recibió una llamada anónima diciéndole: «Hay muchos túneles entre Mónaco y Niza». Finalmente, en junio siguiente hubo un correo, escrito por un tal «Paul Bon», a quien Corinna identifica como el director del CNI, que mencionaban posibles consecuencias a su reputación empresarial con filtraciones interesadas a la prensa.