«Si hay exenciones de peajes deben ser para todas las autopistas»
«El pago por uso en las autovías a las personas con rentas altas les dará igual, pero a quienes tienen rentas bajas les complica su situación»
Más allá de siglas políticas, la comunidad de intereses en numerosos frentes lleva a dos regiones de relativo poco peso en el concierto nacional, como Castilla y León y Asturias, a unir sus criterios y presentarlos como un frente común ante el Gobierno central. Los históricos retrasos en la variante, el peaje del Huerna o la conexión del Suroccidente asturiano con El Bierzo y Portugal suman ahora nuevos espacios de encuentro entre ambas comunidades, como la gestión del lobo o del oso pardo, la recuperación de la Autopista del Mar o la lucha contra el despoblamiento rural.
-El Principado mantendrá una reunión con la ministra de Transportes para tratar una rebaja del peaje del Huerna. ¿Qué pasos ha dado Castilla y León para rebajarlo?
-Castilla y León mantiene la misma posición, por lo que he enviado una carta a la ministra para solicitar la aplicación a las cinco autopistas que hay en nuestra comunidad, como mínimo, de las mismas bonificaciones que se apliquen en cualquier otro territorio.
-¿Es realista la supresión?
-Esto dependerá de la capacidad financiera del Estado. Nuestra postura es responsable y consiste en que es al Gobierno a quien le corresponde determinar si existe esa capacidad o no. Pero si existe debe ser para todas las autopistas del Estado, y, si no hay capacidad, no habrá exención o descuentos para ninguna. Lo que no cabe es que la medida beneficie a unas autopistas sí y a otras no, dependiendo de los intereses, no generales, sino los particulares de hacer pago o contraprestación a pactos políticos para constituir y mantener la mayoría política que sustenta al Gobierno.
-¿Se plantean un frente común con Asturias para el Gobierno incremente su bonificación ya en los Presupuestos Generales del Estado?
-Asturias y Castilla y León compartimos la autopista AP-66 y los dos gobiernos hemos coincidido en la petición, y lo hemos solicitado al Gobierno en un acto público conjunto y por separado.
-¿La rebaja histórica de la AP-9 en Galicia es un agravio para Asturias y Castilla y León?
-Es obvio que lo es. Concurren en Asturias y en Castilla y León las mismas razones de interés público que se reseñan en la exposición de motivos del Real Decreto 681/2021 que confiere las bonificaciones a la AP-9 y, por lo tanto, es contrario al principio de igualdad de trato que se discrimine a las autopistas de nuestras comunidades.
-¿Ve margen para aplicar el pago por uso en las autovías? En Asturias lo aceptarían si se elimina el peaje del Huerna.
-Nos oponemos a esa posibilidad. Ese pago, en el caso de particulares, al ser un pago por igual sea cual sea el nivel de renta del usuario, lo hace injusto. A las personas con rentas altas seguramente les dará igual ese coste por circular por las carreteras, pero a quienes tienen rentas bajas les supone un coste más que les complica su situación económica. En cuanto al transporte de mercancías y de viajeros, ya tiene este sector suficientes problemas de competitividad como para añadir un coste más. Por otro lado es negativo en la lucha contra el despoblamiento. Lo que hay que hacer es lo contrario, y más en momentos económicos complicados por la pandemia. Nosotros estamos implantando el transporte público gratuito en autobús rural.
-Una vez que abra la variante de Pajares, Adif plantea el cierre de la rampa de Pajares, con la consiguiente pérdida de conexión para los pueblos de la montaña.
-Siempre hemos defendido la necesidad de no suprimir servicios y paradas en relaciones ferroviarias que afectan a los municipios rurales. Si el Gobierno de España decide cerrar la rampa de Pajares habrá que dar una respuesta de movilidad a la ciudadanía a través del transporte público por autobús, y aquí hemos de tener en cuenta que en dicha zona confluyen con las concesiones autonómicas las que son titularidad del ministerio. Debe ser un esfuerzo compartido que empiece porque el Gobierno reponga los servicios de antes de la pandemia, y trabajar juntos en diseñar una nueva movilidad basada en el transporte por carretera. Nuestros pueblos van a tener garantizado un transporte público por carretera, gratuito, un transporte que estamos transformando y modernizando, y que será universal, pues aún hay cerca de 1.000 localidades en Castilla y León (de las 6.200) que aún no tienen transporte público, pero lo van a tener.
-La federación de entidades menores de León reclama la devolución de parte del agua que se pierde por la variante.
-Primero, debe hacerse técnicamente todo lo que sea posible para la recuperación de los acuíferos al estado previo a las obras. Es un daño a la ganadería, a la agricultura, a nuestra biodiversidad y a nuestro medio natural. Si no, tienen que arbitrarse compensaciones que dejen al territorio indemne respecto a la situación anterior a las obras. Hemos aprobado recientemente una ayuda económica a las juntas vecinales para profundizar en el estudio de las soluciones, y vamos a estar a su lado con todo el apoyo técnico y político necesario para que esto tenga una solución.
-¿Diría que el Corredor Atlántico y el Mediterráneo reciben el mismo trato?
-En absoluto. El Corredor Mediterráneo ha tenido históricamente un mayor apoyo. El Atlántico, y en concreto el ramal noroeste que comunica con Asturias a través de León, ha despertado y reclama un trato como mínimo igualitario en atención e inversiones y el ramal noroeste del Corredor Atlántico ya está en el Anexo I del Reglamento Europeo 1.316/2007, que regula el mecanismo de financiación CEF. Eso significa que las obras y actuaciones en dicho ramal ya pueden ser seleccionadas para ser financiadas con dichos fondos europeos. Ahora trabajamos intensamente para que en la revisión de la Red Transeuropea de Transportes (Reglamento Europeo 1.315/2007), que se producirá en el período 2023-2027, el ramal noroeste quede definitivamente y formalmente incorporado como parte del Eje Atlántico.
-¿Qué obras del Corredor Atlántico son prioritarias?
-Muchas. Por ejemplo, la línea férrea Valladolid-Palencia-León-Astorga-Ponferrada-Galicia, y desde León hacia Asturias, que precisa el fin urgente de las obras en el tramo León-Asturias, y una reforma en profundidad desde Valladolid a Galicia a dichos efectos, lo que nos beneficiará a todos. Esas inversiones son cuantiosas, y el Gobierno tiene, con los fondos europeos Next Generation EU, una oportunidad extraordinaria para que se produzca esa renovación. Hay 6.868 millones de euros del mecanismo europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinados a actuaciones ferroviarias. Es el momento.
-Madrid siempre se ha negado a la prolongación de la Autovía Oviedo-La Espina hacia Ponferrada. Ahora hay fondos...
-La conveniencia de dicha conexión no tiene duda. Sería necesario tratar de aprovechar los fondos europeos Next Generation EU, y esta infraestructura crearía un importante corredor de alta capacidad que une territorios con un potente pulso económico que se vería potenciado.
-¿Cómo debería ser esa conexión? ¿Autovía?
-Las autovías son infraestructuras que, además de consumir enormes recursos económicos tienen un intenso impacto medioambiental. No puede dejar de estudiarse esta posibilidad, pero si por términos económicos y/o ambientales no es posible, existen fórmulas interesantes, como las carreteras 2 + 1 que tienen también alta capacidad y altos niveles de seguridad y comodidad.
-¿Y cree que debe acabar en Ponferrada o llegar a Portugal?
-Las comunicaciones transversales palían los déficits que genera la estructura radial de las vías de comunicación. Cuantos más territorios comunique, más cohesión, más permeabilidad, competitividad y riqueza.
-Asturianos y leoneses llevamos lustros sufriendo una tortura de baches en el tramo de la autovía entre León y Benavente. ¿No es muy lenta su rehabilitación?
-Sí, las obras son desesperantemente lentas. Estas y todas las de carreteras. Los trámites administrativos, los requisitos de contratación, las tramitaciones ambientales y, a veces, las incidencias con las empresas adjudicatarias, hacen estas obras interminables. Tenemos que repensar el divorcio que hay entre las exigencias administrativas y las necesidades de los ciudadanos. No puede ser que un firme en tan mal estado como el de la A-66 en el tramo León-Benavente, vea pasar tantos años para su terminación. Si es difícil entenderlo para nosotros, los gestores, ¿cómo no lo va a ser para los ciudadanos? Sería necesario redefinir el concepto de obra de emergencia, que actualmente es absolutamente estrecho, e impide que una obra de renovación de firme como esta pueda calificarse como tal y permita su rápida tramitación. Que le pregunten a los ciudadanos si consideran o no esta actuación de emergencia.
«El reto demográfico no se aborda quitando oportunidades a los pueblos»
-El del lobo es otro problema que comparte Asturias con su comunidad. ¿Cómo pueden frenar la aplicación del nuevo reglamento que lo incluye como especie protegida?
-El Gobierno parece decidido a incluirlo en el Lespre. Eso significa, de facto, la imposibilidad de gestionar la especie con instrumentos de control como la caza, e implicará el incremento del conflicto con la ganadería extensiva y semi extensiva, lo que pondrá en peligro su existencia. Estamos totalmente en contra. Y también Asturias, pues merma su autonomía en la gestión de esta especie. Asturias y Castilla y León, y en total once comunidades autónomas, incluida la ciudad autónoma de Ceuta, no estamos de acuerdo. La totalidad de las comunidades que tenemos lobo. Se ha despreciado la experiencia de gestión que tenemos, y el trabajo realizado por el equilibro entre la conservación de la especie y nuestra vida ganadera en el mundo rural, del que depende su subsistencia en una gran parte; un trabajo realizado a través de planes de gestión y esfuerzo técnico que ha llevado a que la población de lobo esté en estado de conservación favorable. Al Gobierno sólo le guía la ideología, que en modo alguno puede justificar acabar con la ganadería. Es sorprendente por parte de un Gobierno en el que que su Vicepresidencia Tercera lleva el título de 'para el Reto Demográfico', pues ese reto se aborda no quitando oportunidades a nuestros pueblos, sino, al menos, preservando su modo de vida. Si la Orden Ministerial se dicta, la Junta de Castilla y León irá al Tribunal Supremo por los defectos de forma y falta de basamento de fondo.
-Ha aumentado la población de osos y empieza a ser complicada la convivencia con el hombre en algunos puntos.
-Es una buena, pues estuvo en importante riesgo de desaparición. Ahora nuestra mayor preocupación es intentar que las interacciones entre los osos y los habitantes de zonas oseras se desarrollen con la mayor normalidad posible. Estamos actuando cuando aparecen osos habituados que se acercan a los pueblos, o intentando compatibilizar actividades de turismo de observación con la conservación de la especie. Haciendo de la presencia del oso una oportunidad para los vecinos de las zonas oseras. Y todo ello con el mantenimiento del trabajo cooperativo entre Castilla y León, Principado de Asturias, Cantabria y Galicia, como lo ha sido siempre, y con organizaciones y fundaciones que también aportan.
Financiación autonómica
-¿Está el Gobierno tomándose en serio el problema de la despoblación?
-No. Al menos a este momento, no. Comenzando por la financiación autonómica. Castilla y León tiene 95.000 kilómetros cuadrados y una población de solo 2,4 millones de personas. Existen numerosos servicios que se prestan a las personas pero en un territorio vasto y orográficamente complicado. Y existen numerosos servicios públicos que se prestan directamente al territorio, como aquellos ligados al medio natural. El sistema de financiación autonómica no está pensando en el territorio, sino solo en las personas, y ello penaliza de forma trascendental a territorios extensos, con población dispersa y envejecida como el nuestro. Buscar el equilibrio en financiación es comprometerse con el medio rural y el reto demográfico. No es sólo ponerle el nombre a una Vicepresidencia. Y en fondos europeos Next Generation, por ejemplo, Castilla y León ha clamado, sin éxito, por que se tenga en cuenta el vector despoblación en los criterios de reparto.
-La gestión de los Picos. ¿Está siendo la adecuada o falta más unidad de acción?
-Asturias, Cantabria y Castilla y León tenemos una voluntad política coincidente en la gestión. Las relaciones de los tres gobiernos son excelentes. Necesitamos culminar las reformas que tenemos en marcha en la gobernanza del parque, con la renovación del convenio entre las tres comunidades y los instrumentos reglamentarios en los que se trabaja para que la gestión sea más eficaz y eficiente. El parque, el tercero en número de visitantes de los 15 de la red, tiene un brillante presente y un mejor futuro.
-El Gobierno central está permanentemente estudiando la reactivación de la Autopista del Mar desde El Musel. ¿Es una conexión importante para las empresas de Castilla y León? ¿Cómo les afecta su supresión?
-Claro que es importante para Castilla y León. La conexión por mar con los mercados del norte de Europa son oportunidades para reducir los costes logísticos, que son entre el 7% y el 12% de los de producción. Eso es competitividad y oportunidades de actividad económica y de empleo. No olvidemos los importantes centros logísticos vinculados al transporte por carretera del oeste de Castilla y León (Villadangos del Páramo, Benavente o Salamanca), para los que la Autopista del Mar cobra gran importancia como fórmula de intermodalidad. Quizá lo que habrá que valorar es un cambio en el modelo que no se base en ayudas directas a las navieras, sino en incentivos a la demanda, y que sean los propios camioneros los que opten por la intermodalidad buque-camión, si se habilitan exenciones para los transportistas por su utilización.
-El Ayuntamiento Gijón ha prohibido las corridas de toros.
-Nosotros creemos que el debate es de libertad, en el que el prohibicionismo es un retroceso. Existen muchos escenarios para la concertación y la compatibilización de todos los pensares y sentires antes que cercenar las libertades. No parece muy coherente en filosofías políticas que dicen defender las libertades.
