La familia de Villa acusa a la UCO de «falta de veracidad e imparcialidad»

La esposa de Villa, María Jesús Iglesias, y sus hijos Ángela y Rolando, con su procuradora, a las puertas del juzgado tras prestar declaración por el 'caso Hulla'. / MARIO ROJAS
La esposa de Villa, María Jesús Iglesias, y sus hijos Ángela y Rolando, con su procuradora, a las puertas del juzgado tras prestar declaración por el 'caso Hulla'. / MARIO ROJAS

La defensa de la esposa y los hijos del exsindicalista pide el desbloqueo de sus cuentas bancarias al entender que no existen «indicios» delictivos sino «valoraciones subjetivas»

ANA MORIYÓNOVIEDO.

La familia de José Ángel Fernández Villa acusa a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de «falta de veracidad e imparcialidad» en el informe del 'caso Hulla' presentado ante el Juzgado de Instrucción número tres de Oviedo y pide a los investigadores «más seriedad y menos osadía jurídica» a la hora de emitir sus conclusiones. La defensa de la esposa del exlíder sindical, María Jesús Iglesias, y sus hijos Ángela y Rolando Iglesias, a cargo del letrado Ricardo Álvarez-Buylla, trata de este modo de echar por tierra el último documento emitido por la UCO -de 429 folios- que concluye que el origen de los 1,2 millones de euros que el ex secretario general del SOMA afloró durante la amnistía fiscal procedería «de la gestión delictiva del Montepío y de la construcción de la residencia». Un informe según el cual Villa habría influido en el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero para modificar una norma que permitió la concesión de más de 30 millones de euros de subvención para la construcción de la citada residencia.

La defensa de la familia de Villa reclama ahora al juzgado en el que se instruye el caso que obvie las conclusiones de la Guardia Civil al considerar que se trata de «valoraciones subjetivas» y que, por lo tanto, «no se pueden considerar indicios». «La UCO utiliza la argucia de adornar con retórica y parafernalia sus conjeturas y convicciones subjetivas para confundir», reprocha el letrado Álvarez-Buylla, que entiende que esto no debe ser suficiente para atribuir ningún tipo de delito a sus clientes. «El que dicha obra se hubiese sobrevalorado (lo primero que hay que hacer es acreditarlo a medio de prueba de cargo), que unos hayan cobrado más del precio real, etc., qué tiene que ver con mis mandantes», se pregunta el letrado en el escrito dirigido a la magistrada Begoña Fernández. El abogado solicita a la UCO que «acredite» los hechos delictivos y demuestre el presunto delito de blanqueo por parte de sus clientes en lugar de basar sus acusaciones en «conjeturas». Bajo esta línea argumental, la defensa de la familia de Villa sostiene que no existe «base legal» para mantener en vigor las medidas cautelares de carácter patrimonial acordadas por la jueza en mayo de 2017, y que impiden desde entonces a María Jesús Iglesias y a sus hijos acceder a sus cuentas bancarias y demás productos financieros por encima de los 6.000 euros.

El abogado es especialmente duro con el trabajo de la UCO. Recuerda que acogerse a la amnistía fiscal «es una cosa» y «que ese dinero proceda de un hecho delictivo y su regularización sea delito de blanqueo de capitales es otra muy diferente». «Lo primero está evidentemente probado, pero de ello no se puede deducir lo segundo. A no ser que estemos ante una nueva teoría de la deducción», ironiza. En términos similares el letrado se refiere al supuesto poder de influencia que, según los investigadores, ejerció el exsindicalista en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para modificar la norma que servía para adjudicar las subvenciones de los fondos mineros. «Se refieren a los reales decretos como si se tratasen de disposiciones legales que el señor Fernández Villa más o menos obligó al Gobierno de España a dictar, y ello lo hizo con la misma facilidad con la que podría cambiar de camisa», señala el letrado, que parece ver desmesurado que el principal acusado de la trama del 'caso Hulla' pudiera alterar «a su antojo» la finalidad de lo dispuesto por el Parlamento de la Unión Europea y de la Comisión. «Más seriedad y menos osadía jurídica», reclama a los investigadores, al tiempo que comenta que su escrito «sobrepasa el marco de la imaginación del autor de la novela 'Viaje al centro de la tierra'».

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