La Fiscalía General desautoriza a la de Cataluña y no recurrirá la amnistía de Buch

La Fiscalía de Cataluña anunció ayer un recurso contra la resolución del TSJC, al entender que la malversación implicaba en este caso un enriquecimiento personal de Escolà, que fue contratado como asesor para hacer de escolta de Puigdemont, pero la Fiscalía General del Estado ha desautorizado a la de Cataluña. Nuevo choque entre fiscales, tras el que se produjo en la Junta de Fiscales, en la que el fiscal general acabó imponiendo su criterio por un escaso margen. El pasado 18 de junio, Álvaro García Ortiz fijó el criterio general de que se ha de aplicar la ley de amnistía a la malversación, la desobediencia y los desórdenes públicos.

Buch, que fue condenado a cuatro años y medio por malversación y prevaricación y a 10 años de inhabilitación, contrató a Escolà como asesor del departamento del Interior para que en realidad efectuara labores de escolta de Puigdemont en Bruselas. Le puso un sueldo público de 50.000 euros. Este fue el dinero malversado.

Buch y Escolà fueron condenados hace casi un año. El TSJC declaró extinguidas sus responsabilidades penales y civiles. El alto tribunal catalán falló que los actos determinantes de malversación de caudales públicos no quedan excluidos de la amnistía siempre y cuando «no haya existido un enriquecimiento personal entendido siempre como beneficio personal de carácter patrimonial». Es un criterio que no casa con el que ha fijado con posterioridad el Tribunal Supremo.

La Fiscalía Superior de Cataluña anunció que recurriría. La Fiscalía General ha señalado este jueves que la única con competencia para recurrir en casación ante el Supremo es la del propio Tribunal Supremo. Y que los fiscales del Tribunal Supremo ya presentaron un informe en otra causa en el que pidieron que se amnistiara el delito de malversación a los encausados y condenados del 'procés'.