El Gobierno central revertirá la ley que facilitó la fuga de empresas catalanas

Torra y Aragonès, ayer durante la sesión en el Parlament./EFE
Torra y Aragonès, ayer durante la sesión en el Parlament. / EFE

El Ejecutivo lanza gestos hacia los independentistas para mantener vivo el diálogo

CRISTIAN REINOBarcelona

Quim Torra lleva semanas pidiendo gestos al Gobierno central. Guiños en materia de presos y sobre el referéndum. Hasta el punto de que el presidente de la Generalitat lanzó un órdago a Pedro Sánchez: o hace movimientos sobre estos dos asuntos antes de noviembre o que se olvide de los grupos secesionistas para sacar adelante los presupuestos.

A pesar del ultimátum, la Moncloa movió ayer ficha. La vicepresidenta Carmen Calvo, en una entrevista en Rac-1, anunció la intención del Gobierno del PSOE de revertir el real decreto ley aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy que facilitó que las empresas pudieran cambiar su sede social de manera inmediata.

A pesar de que la norma fue diseñada ad hoc por petición de uno de los dos grandes bancos catalanes que trasladaron su sede, desde el independentismo se acusa al anterior Ejecutivo de fomentar la huida de empresas para provocar pánico y combatir el proceso. Torra ha hablado esta semana de «guerra sucia económica» y de actitudes «mafiosas» de los poderes del Estado, la monarquía incluida, para chantajear a las empresas y permitir su huida. En torno a 4.300 compañías catalanas han hecho las maletas en el último año (la Generalitat minimiza la cifra y la rebaja a 2.500) y solo una (Agbar) ha anunciado su regreso.

Calvo, a su paso ayer por Barcelona, se reunió con la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, que es quien lleva la batuta en la parte catalana en el diálogo entre la Moncloa y el Palau de la Generalitat. El miércoles también se vio con el vicepresidente Pere Aragonès. El Ejecutivo central ha tomado el pulso en las dos almas de la Generalitat para saber su predisposición sobre los Presupuestos.

Más gestos

El guiño del Gobierno llega una semana después del ultimátum, pero se produce en plena negociación sobre los Presupuestos. El gesto de la vicepresidenta fue acompañado de una promesa de 2.200 millones para Cataluña si los grupos secesionistas aprueban las cuentas. Una buena partida, que no es el único gesto que ha realizado el Gobierno desde su inicio a las fuerzas secesionistas, que apoyaron la moción que descabalgó a Mariano Rajoy. Así, el Gobierno autorizó casi de entrada el traslado de los nueve presos secesionistas a prisiones catalanas, ha hecho declaraciones que van en la línea de pedir la puesta en libertad de los presos preventivos e incluso se ha posicionado a favor de un eventual indulto.

Además, Sánchez se mostró dispuesto a autorizar un referéndum sobre el autogobierno. Asimismo, Hacienda se comprometió al pago de 1.459 millones de la deuda pendiente del Estado con Cataluña y el ministro de Fomento anunció que el Corredor Mediterráneo estará listo para 2021.

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