El Gobierno culpa al PP y a los independentistas del bloqueo de los fondos autonómicos

Los ministros Isabel Celaá y Luis Planas, tras su comparecencia de ayer en Moncloa. / EFE
Los ministros Isabel Celaá y Luis Planas, tras su comparecencia de ayer en Moncloa. / EFE

Celaá carga contra los partidos que rechazaron sus presupuestos y piden las entregas a cuenta por las que se adeudan 200 millones a Asturias

JOSÉ L. GONZÁLEZGIJÓN.

La ofensiva judicial lanzada por la Generalitat de Cataluña contra el Gobierno a causa de los 1.300 millones de euros que, sostiene, le adeuda el Estado en concepto de actualización de las entregas a cuenta y liquidación del IVA de 2017 ha recibido una contundente respuesta por parte de la portavoz del Ejecutivo. Isabel Celaá culpó a las formaciones que tumbaron sus presupuestos el pasado mes de febrero de la situación actual, con cerca de 5.000 millones por el primer concepto y más de 2.000 por el segundo retenidos en Madrid. Un bloqueo que también afecta a Asturias, que está pendiente de recibir 200 millones de euros que ya tenía incluidos en su presupuesto y que, según señaló el presidente del Principado, Adrián Barbón, están provocando «tensiones de tesorería y de ejecución presupuestaria». «Algunos que ahora reclaman los fondos impidieron aprobar los presupuestos», señaló Celaá sobre un documento que incluía las cantidades que ahora se reclaman.

La respuesta de Celaá no iba dirigida solo a los partidos independentistas que gobiernan en Cataluña y que se opusieron a las cuentas de 2019, un rechazo que se convirtió en el detonante de la convocatoria electoral del 28 de abril. El PP, que también votó en contra del proyecto de presupuestos socialista, elevó el tono en las últimas semanas. Primero lo hizo desde Galicia, donde la Xunta exige desde hace semanas una solución para los 700 millones de euros que, sostienen, les adeudan, 530 de los cuales están consignados en su presupuesto. Los responsables del Gobierno gallego, que no descartan la vía judicial aunque de forma independiente a Cataluña, ya advirtieron de que, en caso de no recibir las cantidades comprometidas, tendrán problemas para hacer frente al pago de las nóminas a finales de año. El parlamento gallego ya aprobó el pasado mes de julio una iniciativa para reclamar al Gobierno el abono de las cantidades adeudadas.

Las reclamaciones siguieron por la Comunidad de Madrid. Fue su consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, quien, un día después de su nombramiento, reclamó los 1.237 millones de euros que, sostiene, les adeuda el Estado.

Los ejecutivos de Castilla y León, Andalucía y Región de Murcia, también en manos del PP, sufren esta problemática, aunque han descartado acudir a la vía judicial como ha hecho Cataluña.

El Gobierno central mantiene la postura de que sin Ejecutivo en plenas funciones no es posible solucionar este problema. Un informe de la abogacía del Estado explica, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se pueden desbloquear estos fondos aún sin presupuestos, valiéndose de un acuerdo del Consejo de Ministros que luego aprobaría el Parlamento. «No es una cuestión de discrecionalidad para este Consejo de Ministros, ni de voluntad política, sino del cumplimiento de la ley», afirmó ayer Isabel Celaá.

Con esta situación de bloqueo, los socialistas se apoyan en que un acuerdo de investidura para que Pedro Sánchez sea presidente sería la solución más rápida para poner fin a una situación que está causando problemas en las autonomías.

Debate en el Senado

La difícil coyuntura que pasan algunas comunidades autónomas por culpa de la retención de estos fondos ha llegado ya al Senado. El PP realizó ayer una petición para que se abra un debate entre el Ministerio de Hacienda y los gobiernos autonómicos en la Cámara alta. El objetivo es encontrar una solución a un problema que está ahogando a algunas regiones. A las dificultades presupuestarias se suman además las de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria comprometidos.

La Diputación Permanente de la Cámara Alta se reunirá el martes para tomar una decisión sobre si dar o no de paso la petición de los populares. Tras las últimas elecciones, es el PSOE el partido que cuenta con la mayoría absoluta en esta Cámara, por lo que, en la práctica, serán los socialistas los que den de paso, o no, el debate.