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Félix Bolaños, ministro de Presidencia. EFE / EP

El Gobierno sostiene que nadie puede oponerse a su ley de memoria

La norma, que entre otras cosas impulsará la resignificación del Valle de los Caídos, se envía al Congreso entre los reparos de la izquierda por insuficiente y las críticas de la derecha

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Martes, 20 de julio 2021

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El proyecto de ley de memoria democrática, que sustituirá a la ley de memoria histórica de 2007, va ya rumbo al Congreso para su debate y, en su caso, aprobación definitiva. El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde a la que pretende que sea una de sus normas más emblemáticas pero la tramitación parlamentaria no se augura sencilla. El texto, que condena expresamente el golpe de Estado de 1936 y la dictadura, ya ha recibido las críticas de la derecha, que la considera innecesaria (PP) e incluso un «atropello» (Vox), y los reparos de la izquierda, que la tilda de insuficiente.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno que está abierto a las aportaciones que ahora puedan hacer el resto de fuerzas pero también ha esgrimido que ninguna «fuerza democrática» debería oponerse a la nueva ley. El sucesor de Carmen Calvo en uno de los ministerios clave para la acción gubernamental ha argumentado que la norma pone a las víctimas de la guerra y de la dictadura en el centro y que homologa a España a otros países de su entorno que han vivido situaciones similares, como Alemania.

La ley sentará el marco para prohibir la actividad de la Fundación Francisco Franco o para dar un nuevo significado al Valle de los Caídos, lo que obligará a exhumar los restos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, para trasladarlos a la cripta con el resto de víctimas o a otro lugar designado por sus familiares. Pero ninguna de esos pasos serán automáticos. En el primer caso, será necesario abrir un expediente administrativo y en el segundo aprobar un decreto ley que, en principio, se aprobará en paralelo a la tramitación de la norma. Bolaños matizó, en todo caso, que aún no está claro qué se hará, por ejemplo, con la gran cruz del Valle.

Entre las grandes novedades de la norma, aunque también entre las cuestiones que más controversia ha generado, está la anulación de los juicios sufridos por los represaliados del franquismo, de la que no se derivará responsabilidad patrimonial del Estado, o la creación de un Fiscal de Sala para investigar crímenes o activar búsquedas de desaparecidos. El hecho de que esos crímenes no vayan, sin embargo, a perseguirse en los tribunales y el de que no haya derecho a indemnizaciones han despertado las críticas de asociaciones memorialistas y grupos de la izquierda.

Bolaños ha replicado que las peticiones de esos colectivos chocan con el principio de irretroactividad de las normas penales y con los plazos de prescripción de delitos. Aún así ha insistido en que su objetivo es lograr la unanimidad que, a su juicio, requiere una legislación de esta naturaleza y se ha abierto al diálogo.

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