El Gobierno anuncia ayudas por el cierre de las minas, pero mantiene como límite el 31 de diciembre

De esta forma, da un vuelco a la política del ministro popular Álvaro Nadal que, en su convencimiento de que las empresas rentables y competitivas debían mantener su actividad a partir del 2019, había abierto la puerta a negociar con la Unión Europa para buscar una solución. Así lo ratifica el Ministerio para la Transición Ecológica, con Teresa Ribera a la cabeza, en el documento que, bajo el título 'Acuerdo de medidas excepcionales para una transición justa de la minería del carbón y las comarcas mineras', fija el 31 de diciembre de 2018 como fecha de cierre de la minería española, según recoge leonoticias.com

La hoja de ruta del Gobierno impediría la continuidad de las mineras en activo y pone en riesgo la continuidad de las instalaciones de generación eléctrica.

En el documento, el Gobierno asume el «alto nivel» de dependencia económica de la industria minera del carbón en áreas como León, Asturias y Aragón a pesar de los «esfuerzos» realizados en los últimos planes del carbón y entiende «urgente y esencial» paliar la repercusión inminente del cierre de aquellas minas no competitivas. Un escenario que hace necesario, recoge el acuerdo que busca el Gobierno, ampliar el número de destinatarios de las ayudas previstas en el real decreto de 2014, para que el cierre de las compañías no impida a los trabajadores acceder a las ayudas por prejubilación.

Consiste, continúa, en abordar el impacto social y regional que llevará el cierre de las unidades de producción. Por ello, las ayudas se complementarán además con un Plan de Acción Urgente en Transición Justa 2018-2021 que se consensuará con las comunidades, los ayuntamientos y los actores sociales. Un plan que promoverá una economía alternaba en las zonas y favorecerá un impulso económico, teniendo como objetivo fundamental la creación y mantenimiento del empleo.

En este sentido, el gobierno plantea dos tipos de ayudas de carácter social. La primera de ellas, relativas a las bajas indemnizadas voluntarias para evitar la salida traumática de aquellos trabajadores que permanezcan en las labores de restauración y clausura de las explotaciones. Podrán acogerse aquellos cuyos contratos se extingan con posterioridad al 31 de diciembre de 2018 y en un máximo de 36 meses siempre que acumulen una antigüedad de al menos tres años en el Régimen Especial de la Minería del Carbón y sea trabajador de la plantilla con anterioridad al 2013. Estos trabajadores percibirán una cantidad fija común de 10.000 euros así como 35 días por año trabajado con un máximo de 30 mensualidades. El pago se incrementará en 26.000 euros en el caso de los trabajadores silicóticos de primer grado.

La segunda línea de ayudas que establece son para los trabajadores de avanzada edad o prejubilaciones y se podrán acoger aquellos que tengan 50 o más años, al menos tres años de antigüedad en la empresa así como un mínimo de nueve años cotizados en el Régimen Especial de la Minería del Carbón. La extinción de sus contratos además deberá llevarse a efecto antes del 31 de diciembre del actual ejercicio.

Tal como se esperaba, el texto no ha convencido a los sindicatos. Tras la reunicón celebrada este jueves con el ministerio, representantes de UGT y CC OO han lamentado una falta de concreción del Gobierno sobre un nuevo marco regulatorio para las empresas y las comarcas mineras, así como una «falta de compromiso» ante el final del marco de actuación para el carbón 2013-2018. Además, han subrayado que el texto «está plagado de inconcreciones».

Después de cuatro horas de negociaciones hoy con representantes del Instituto para la Reestructuración de la Minería del carbón (IRCM), el secretario sectorial Minero de UGT FICA, Víctor Fernández, ha apuntado que no han sacado «nada en claro» de ese documento oficial «como solución viable y como plan global», y ha añadido que el borrador no tiene «aspecto positivo alguno».

El representante de CC OO, Jesús Crespo, ha indicado al respecto que han trasladado a los representantes del IRCM y a los asesores ministeriales sus dudas y sugerencias ante ese esbozo de plan social, de las que recibirán respuesta por escrito antes de la próxima mesa negociadora, prevista para el próximo viernes día 21.

Los sindicatos exigen una «negociación global y no por capítulos». Han opinado que el borrador que se les ha hecho llegar no contempla soluciones ni medidas concretas para todos los capítulos, además de que han solicitado la actualización de las tablas salariales para los trabajadores del carbón. El sector del carbón en España aboga por una «transición justa» en el proceso de descarbonización y lleva meses solicitando una valoración de los efectos que tendrá en el empleo, en la industria y en el territorio. Los sindicatos de la minería han insistido en que, dentro del mix eléctrico, el uso del carbón está en torno al 19 % que, según su criterio, indica que «todavía es necesario como energía de respaldo y debe ser carbón nacional».