El Gobierno podrá licitar nueva inversión en verano, tres meses antes que con la prórroga

Obras de enlace de la AS-II con el HUCA, que cuentan con dotación en el presupuesto de 2019. / M. ROJAS
Obras de enlace de la AS-II con el HUCA, que cuentan con dotación en el presupuesto de 2019. / M. ROJAS

Solo la convocatoria electoral de mayo supone un riesgo de dilación de los plazos, con 357 millones de euros de gasto previsto para 2019

ANDRÉS SUÁREZ OVIEDO.

2018 fue un ejercicio muy complicado para la inversión pública en Asturias. Al escenario de prórroga presupuestaria hubo que añadir la demora en la aprobación del crédito extraordinario previsto para amortiguarla, que no salió adelante hasta mayo. Consecuencia de ello, y también de la aplicación de la nueva ley de contratos y de cambios en el sistema de contratación para no tomar como única referencia el precio más bajo, el Ejecutivo regional no comenzó con la licitación de proyectos hasta ya entrado el mes de noviembre. La aprobación de unas cuentas para 2019 debería cambiar en buena medida esta situación. En el seno del Gobierno se estima que la nueva inversión recogida en ese programa económico podría licitarse en el verano, con aproximadamente tres meses de adelanto en comparación con el pasado año. La única incertidumbre tiene que ver con la convocatoria de elecciones prevista para mayo y el impacto de la misma sobre una administración en funciones y, por lo tanto, limitada en su margen de maniobra.

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Pero, en cualquiera de los casos, la situación para este año es claramente favorable en comparación con lo que sucedió en 2018. La prórroga constriñe las nuevas inversiones y solo permite dar continuidad a los proyectos plurianuales. Para mitigar su impacto se planificó un crédito extraordinario que soportó una tramitación parlamentaria larguísima y que no se aprobó hasta principios de mayo. El Ejecutivo se vio entonces obligado a trabajar a marchas forzadas para tratar de licitar y adjudicar los proyectos antes de que culminara el ejercicio.

A ello hubo que añadir la entrada en vigor de cambios en el sistema de contratación pública para evitar que el criterio del precio fuera el único a atender, limitando así el riesgo de bajas temerarias. Entre otras cosas, comenzaron a tenerse en cuenta variables laborales -que todas las empresas que compitan por un contrato se ciñan a los convenios colectivos vigentes en Asturias-, éticas, sociales y medioambientales. La aplicación de este nuevo modelo no estuvo exenta de complicaciones jurídicas y enredó aún más el calendario de licitaciones y adjudicaciones, que se comprimió en los meses de noviembre y diciembre.

La situación en 2019 debería ser diferente. A partir de febrero el presupuesto estará funcionando a pleno rendimiento. En el Ejecutivo se estima que aquellas actuaciones que ya cuenten con un proyecto podrían licitarse entrada la primavera, camino de mayo o junio. Y las que no lo tienen y están pendientes de su redacción deberían aguardar probablemente a finales del verano, a agosto o septiembre. Como media, como criterio general, la estimación es que las licitaciones se realicen con un adelanto de tres meses en comparación con 2018. Hay mucho en juego, no en vano la inversión es uno de los capítulos menos boyantes del presupuesto, con 357 millones, y nadie quiere desperdiciar lo más mínimo de esos valiosos recursos.

La incertidumbre que acecha a la inversión pública en 2019 tiene que ver con la convocatoria de elecciones autonómicas en mayo y las limitaciones que la entrada en funciones tiene para el Ejecutivo autonómico. Los distintos departamentos deben darse prisa en la tramitación de los proyectos para contar con la necesaria autorización de gasto que les permita lanzar la fase de licitación de los mismos. En caso contrario, todo quedaría a expensas de la formación de un nuevo Ejecutivo, algo que a estas alturas no parece que vaya a ser fácil ni rápido porque ni a izquierda ni a derecha se atisban mayorías claras.

Difícil a izquierda y derecha

Por un lado sería necesario el entendimiento de tres partidos: PSOE, Podemos e IU. Por el otro la ecuación podría llegar a incluir hasta cuatro siglas: PP, Ciudadanos, Foro y Vox. Todo apunta pues a procesos de negociación política complejos y prolongados en el tiempo que difícilmente facilitarán la composición de un Gobierno antes de julio.

El sector empresarial, ya de por sí muy crítico con la a su juicio escasa inversión del presupuesto, estará muy vigilante en cuanto a su ejecución. Las asociaciones del ramo, especialmente en el ámbito de la construcción y la obra pública, vienen quejándose de forma reiterada por la demora en la licitación y adjudicación de los proyectos.