La investigación evidencia la falta de control en el gasto de fondos mineros

Si algo han demostrado los recientes avances en la investigación del 'caso Hulla', que indaga en las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y construcción del geriátrico de Felechosa (Aller), es que los mecanismos de control de las subvenciones públicas y los fondos mineros no fueron tan rigurosos como debieran. El notorio desfase entre la ayuda pública -unos 31 millones de euros- y los costes reales de la operación -cifrados por las contabilidades manuscritas de la empresa entre 18,5 y 23 millones de euros- deja entrever que no todos los pasos se siguieron conforme a la ley en el complejo geriátrico, hoy bajo el punto de mira de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En los interrogatorios realizados por los agentes estos dos últimos meses, y con el objetivo de dilucidar cuál fue la responsabilidad y el conocimiento de la institución encargada de conceder y supervisar la inversión pública, la Guardia Civil llamó a declarar como testigos en sus dependencias de Madrid a varios cargos que, durante la construcción del geriátrico, ocupaban puestos de responsabilidad en el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC). Entre ellos, María Teresa Aznar Almazán, que desde octubre de 2010 hasta febrero de 2012 ejerció como secretaria general de la institución. Durante esa época sus funciones se limitaron, según reconoció en el interrogatorio, a «tramitar la adenda del expediente de la Felechosa».

Preguntada directamente por los agentes si considera que hubo «algún tipo de irregularidad en la concesión, supervisión o reclamación de la subvención que el IRMC concedió al Montepío», Aznar se desmarca de cualquier tipo de responsabilidad aludiendo que la tramitación de la ayuda pública «es anterior» a su llegada al Instituto del Carbón, pero que de todas formas «no tiene constancia de ninguna irregularidad». En este punto, los agentes se preguntan quién o quiénes tenían la responsabilidad de fiscalizar y velar por un correcto uso de los fondos mineros: «No era una función asignada nominativamente a nadie, ya que la tramitación de los expedientes se realizaba por los trabajadores del IRMC según se iba desarrollando la obra», recoció Aznar. Y, en último extremo, la responsabilidad recaía sobre el «jefe de la unidad de Infraestructuras, aunque este no firmaba los convenios».

También pasó por dependencias de la Guardia Civil en calidad de testigo María Isabel Azpeitia, que durante la tramitación de la subvención ejerció como técnico de la Unidad de Infraestructuras del IRMC, esto es, una de las encargadas de tramitar expedientes relacionados con ayudas como las dispensadas al Montepío. Los quebraderos de cabeza comenzarían a llegar al Instituto del Carbón una vez finalizada la obra, a partir de 2012, a causa de la liquidación del convenio suscrito a tres bandas por el IRMC, el Montepío y el Principado de Asturias.

Azpeitia, en este sentido, volvió a repasar todos los gastos justificados para después mandarle un informe a su superior, Manuel Gómez-Cano. En él, con fecha de 21 de junio de 2013, figura una certificación de gastos de algo más de 30,7 millones y unos pagos realizados al Montepío de 27.612.500 euros. «Como el nominal del convenio es 30.916.163, las obras ejecutadas cubren la totalidad de la justificación del convenio y no hay que meterse en más líos. Los problemas son otros, los gordos», afirmó en el correo electrónico a su superior.

Estos «problemas» con el expediente de Felechosa, a los que se alude en varios correos electrónicos, fueron constantes durante el proceso, según reconoció a la UCO. Los informes de la entidad mutualista «eran muy malos» y «no contestaban a todo lo que se les pedía».