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Jesús Armando Fernández Natal, a su entrada a los juzgados. MARIO ROJAS

Natal afirma que la orden que permitió sufragar el geriátrico de Felechosa «vino de Madrid»

Dos ex altos cargos del SOMA señalan que órdenes del Gobierno de Zapatero permitieron dar luz verde a la subvención de 31 millones de euros

ÓSCAR PANDIELLO

OVIEDO.

Martes, 11 de diciembre 2018, 03:56

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El 'caso Hulla' volvió ayer a los juzgados. Lo hizo a través de la declaración de seis testigos: dos ex altos cargos de SOMA-UGT, tres cargos vinculados al Ayuntamiento de Aller y otro vinculado al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC). Así, durante la jornada, tanto la jueza como los fiscales trataron de desentrañar el papel del sindicato y del Consistorio en la concesión de la subvención pública de 31 millones de euros y de la licencia urbanística que permitió levantar el geriátrico.

De parte del sindicato minero acudieron Jesús Armando Fernández Natal, ex secretario de organización del SOMA y el ex responsable de Formación del sindicato, José Ramón Fernández Suárez. El primero ratificó la declaración que concedió en septiembre a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y rechazó que el sindicato tuviese cualquier tipo de relación en la modificación por parte del Gobierno presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero del Real Decreto, que permitió sufragar el 100% del presupuesto presentado por el Montepío de la Minería. Esto es, 31 millones de euros. Natal, en este sentido, apuntó que la orden vino «de Madrid» y que no tuvo constancia de la participación de Villa en la modificación.

Fernández, por su parte, apuntó en la misma dirección tras ser preguntado por la Fiscalía Anticorrupción por el evidente desfase existente entre el presupuesto inicial y el coste real de las obras. «Nosotros, como no somos técnicos, no podemos valorar si es excesivo o no», afirmó. Sobre la modificación del Real Decreto, el ex responsable de Formación del sindicato señala al IRMC y a los ministerios competentes como responsable último de este cambio legal. «Nosotros pedimos al Instituto la modificación del apartado que marcaba el tope subvencionable en el 1%. Ellos hicieron las modificaciones oportunas junto a los ministerios correspondientes. Luego vinieron a la mesa ya con el tema resuelto y seguimos adelante», sostuvo.

Tanto Juan Miguel Benítez, ex gerente del IRMC; como Pedro Marín Uribe, ex secretario de Estado de Energía, no acudieron ayer a declarar como testigos pese a estar citados por la Fiscalía. Acudirán a Oviedo para testificar en las próximas fechas.

Sin declaración

María Esther Martínez Lillo, ex concejala de Medio Ambiente y Turismo de Aller, se acogió a su derecho de no declarar al estar inmersa en otra investigación judicial de similar naturaleza. Sí lo hicieron, a última hora de la tarde, dos cargos técnicos del Ayuntamiento de Aller en la época en la que se produjeron los hechos. Ambos ratificaron la declaración realizada semanas atrás a los agentes de la UCO.

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