Teresa Mallada y el resto de la Corporación de Aller entre 2008 y 2010, investigados por el geriátrico de Aller

Teresa Mallada, en 2009./E. C.
Teresa Mallada, en 2009. / E. C.

La candidata popular, junto a otros 16 responsables municipales, estaba siendo investigada por la cesión de terrenos al equipamiento del Montepío

Ramón Muñiz
RAMÓN MUÑIZGijón

La candidata del PP a las elecciones autonómicas, María Teresa Mallada, está siendo investigada judicialmente por un presunto delito de prevaricación administrativa durante su etapa como concejal de Aller. Por esos mismos hechos están también en la condición de investigados (la actual denominación de imputados) todos los ediles de la Corporación entre los años 2008 y 2010.

La causa se inició por denuncia, entre otros, del Grupo Municipal Xente por Ayer/Aller y la estaba dirigiendo desde el año pasado el Juzgado de Instrucción número 2 de Lena. Tras las primeras pesquisas sin embargo el instructor solicitó inhibirse del asunto en favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, al ser éste el que antes inició la investigación del 'caso Hulla', con el que considera que los hechos están conectados. La magistrada-juez María Begoña Fernández, titular de Instrucción número 3 de Oviedo, acaba de dictar un auto asumiendo la competencia y sumando a su lista de investigados a la propia Mallada, junto a otros 16 responsables municipales.

Esta subtrama trata de aclarar la responsabilidad de los señalados en una operación mediante la cual el consistorio allerano adquirió terrenos al Ayuntamiento de Mieres para «su posterior cesión gratuita al Montepío de la Minería, para la construcción del geriátrico de Felechosa, subvencionado con fondos estatales», según recoge la resolución judicial. En concreto se analiza las acciones y omisiones que posibilitaron dicho desarrollo urbanístico, al objeto de ver si son conformes a la legalidad.

Siete del PSOE, siete del PP y tres de IU

La decisión afecta a una corporación entonces formada por siete concejales socialistas, siete del PP y tres más de IU. La denuncia original fue interpuesta por Patricia Díaz Baizán, edil de Xente por Ayer (la marca local de Podemos), en 2017. Poco después esta edil abandonaría el cargo «por motivos laborales». En ella aseguraba tener pruebas de un supuesto caso de prevaricación y dejadez de funciones, así como otro presunto ilícito de abuso en el ejercicio de las funciones propias del cargo.

El escrito precisa que en julio de 2008 el consistorio allerano se hizo con una serie de fincas en Las Pedrochas (Felechosa), comprándoselas al consistorio de Mieres. Ello «a pesar de que desde los servicios técnicos y jurídicos municipales se había informado desfavorablemente de esta compra al considerar injustificada la actuación del Ayuntamiento como intermediario en esta operación», recoge la denuncia. Entre los motivos se esgrimía que el Montepío, beneficiario último de la gestión, «contaba con solvencia suficiente» para comprar él mismo las parcelas y que además el gasto entraba dentro de los que la entidad podía repercutir a los Fondos Mineros.

El 21 de noviembre de 2008 el Ayuntamiento de Aller acordó, por unanimidad de los 17 concejales ahora investigados, la cesión provisional de los terrenos al Montepío. Antes de ese momento, la Secretaría habría advertido de que la decisión incumplía el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales en lo tocante a la enajenación del terreno y en la fórmula aplicada para la cesión gratuita. La normativa solo lo permitiría para entidades públicas o sin ánimo de lucro, algo a lo que, según la denunciante, no se ajusta al Montepío de la Minería.

La denuncia asegura que también la Intervención Municipal manifestó su oposición a la operación entendiendo que el objeto de la misma era favorecer a una entidad privada «en un momento en el que además la situación económico-financiera del Ayuntamiento estaba comprometida con un saldo negativo en tesorería».

El 21 de enero de 2009, el Pleno municipal aprobó también por unanimidad que la cesión provisional pase a definitiva, a pesar de los informes desfavorables de la Secretaría General del Ayuntamiento. La cadena de conflictos con los funcionarios no paró ahí. El 20 de febrero de 2009 el Montepío solicitó la licencia urbanística y tanto la Secretaría como la Oficina Técnica habrían informado desfavorablemente al entender que el Plan General en vigor no permitía utilizar esos terrenos de interés agropecuario para semejante geriátrico.

La denuncia lleva anexa los distintos informes municipales que respaldarían dicho relato de hechos. Recuerda que la revista del Montepío anunció el inicio de las obras el 11 de mayo, fecha para la que en principio no se había dado la licencia y estaba en tramitación el Plan Parcial. El 28 de mayo el pleno, también por unanimidad, acuerda bonificar el 95% de las tasas del impuesto de construcciones, «a pesar de que en aquel momento no cabía autorización alguna para autorizar ni la licencia de obra ni de actividad». No sería hasta el año siguiente, concretamente hasta el 15 de enero de 2010, cuando la Comisión urbanística de Asturias (la CUOTA) aprobó el Plan Parcial que amparaba la construcción del geriátrico. El consistorio se mueve rápido para reabrir el expediente de licencia, anteriormente denegada, con una agilidad «que parece indicar que la tramitación no solo fue exprés sino que la entidad contaba con trato preferente», según la consideración de la denunciante.

Al final es el 22 de septiembre de 2010 cuando se concede licencia por acuerdo de la Junta de Gobierno. «Para entonces las obras ya están casi finalizadas», indica el escrito, quien subraya que tanto el alcalde, Gabriel Pérez Villalta, como el concejal de urbanismo (y posterior regidor), David Moreno, las habían visitado.

La denuncia fue remitida en 2017 tanto a la Fiscalía, como al Juzgado de Instrucción de Lena. El magistrado se hizo cargo de ella y avanzó diligencias de investigación durante todo este tiempo, componiendo así un sumario que suma dos tomos. El procedimiento, como queda dicho, se ha interrumpido en Lena al adentrarse la investigación del 'caso Hulla' en los mismos pormenores. Cabe matizar que la prevaricación administrativa, el delito observado por la denunciante y cuyos indicios motivaron que la investigación judicial siguiera avanzando, está castigado con pena de inhabilitación para empleo o cargo público durante un tiempo de entre nueve y quince años, pero no acarrea penas de prisión.