La Junta saca adelante la ley contra la corrupción tras cuatro años de debate

Gaspar Llamazares, portavoz de IU y responsable de la ponencia de la ley de transparencia, y Guillermo Martínez, consejero de Presidencia cuyo departamento impulsó el proyecto, ayer, en la Junta. / H. ÁLVAREZ
Gaspar Llamazares, portavoz de IU y responsable de la ponencia de la ley de transparencia, y Guillermo Martínez, consejero de Presidencia cuyo departamento impulsó el proyecto, ayer, en la Junta. / H. ÁLVAREZ

Todos los partidos salvo Podemos, que se abstiene, aprueban un texto que crea una oficina para investigar posibles casos y que da protección al denunciante

A. SUÁREZ OVIEDO.

La ley de transparencia y buen gobierno salió ayer adelante en la Junta General después de una larga y enrevesada tramitación que se ha prolongado durante más de cuatro años, de la que ha salido un texto que apenas se parece en nada al documento inicial que presentó el Gobierno. La normativa fue aprobada en el Parlamento regional con el voto a favor de todos los partidos salvo Podemos, que optó por la abstención, y centra buena parte de sus prioridades en aplicar medidas para combatir la corrupción en el ámbito público, caso de la creación de una oficina dedicada específicamente a ese fin o la garantía de protección de los denunciantes para evitar represalias.

Aunque la decisión de Podemos de descolgarse del 'sí' impide la imagen de la unanimidad, es un hecho que prácticamente por primera vez en esta convulsa legislatura un asunto de calado concita un amplísimo apoyo en la Cámara. La ley de transparencia y buen gobierno venía arrastrándose ya desde el anterior mandato, cuando los proyectos elaborados por el Ejecutivo -eran dos, que después se fusionaron- naufragaron en su tramitación parlamentaria entre las críticas de los expertos, las correcciones de los servicios jurídicos y el rechazo frontal de los grupos. El debate se reactivó tras los comicios de 2015 y la ponencia, bajo la dirección del portavoz de IU, Gaspar Llamazares, pudo alumbrar una propuesta de consenso que finalmente ha recibido la bendición del Parlamento.

Las claves del documento son las ya conocidas: creación de una oficina de lucha contra la corrupción, protección del denunciante para evitar represalias, un régimen sancionador para los altos cargos que incumplan los preceptos establecidos en materia de transparencia y acceso a la información pública y de buen gobierno, un régimen más estricto de incompatibilidades ante las 'puertas giratorias' o una regulación de los 'lobbies'. Es, en palabras del consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, «una de las regulaciones autonómicas más completas y la única que incluye la posibilidad de aceptar denuncias anónimas, siempre que la normativa estatal que se está tramitando lo respalde».

Aunque la ley salió adelante con amplio consenso, la fotografía de la unidad no se produjo porque Podemos se decantó por la abstención en el marco de un discurso bastante crítico con el contenido del texto. El secretario general, Daniel Ripa, habló de «oportunidad perdida» y atacó la falta de ambición de sus promotores en distintos ámbitos. A su juicio, ni el anonimato de los denunciantes está suficientemente garantizado ni lo está tampoco la independencia de la oficina encargada de ocuparse de los posibles episodios de corrupción. Habló de un proyecto que únicamente ha sido utilizado como «herramienta publicitaria» por el Gobierno socialista.

El resto de grupos se congratularon de la aprobación de la ley y combinaron la defensa de sus méritos en la mejora del texto presentado por el Gobierno con cierta dosis de crítica política. Gaspar Llamazares, portavoz de IU y responsable de la ponencia, habló de un texto «ambicioso y exigente» y celebró la amplitud del acuerdo. El socialista Marcos Gutiérrez Escandón cargó contra Podemos por preferir «el pesimismo, la desconfianza y la depresión» al entendimiento. Desde el PP, Rafael Alonso habló de un «avance» para Asturias, mientras que Carmen Fernández, de Foro, celebró los «muchos cambios» introducidos en el proyecto sobre el «chapucero» plan inicial del Gobierno. Diana Sánchez, de Ciudadanos, aplaudió el consenso para impulsar una ley «muy completa».

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