El precio estable de la energía, meta común para todos los partidos

Insatalaciones de Alcoa en Avillés. /MARIETA
Insatalaciones de Alcoa en Avillés. / MARIETA

Los partidos coinciden en reclamar una tarifa predecible para que la industria no pierda competitividad | El PSOE aprueba el estatuto para la gran industria, Ciudadanos urge su aplicación y PP-Foro y Unidas Podemos piden más ambición

Paloma Lamadrid
PALOMA LAMADRIDGijón

El futuro de la industria es una cuestión crucial para Asturias, donde el sector da empleo a cerca de 60.000 personas. En este marco, las empresas electrointensivas -entre las que se encuentran Arcelor, Alcoa y Asturiana de Zinc- tienen un gran peso específico, por lo que el debate sobre la tarifa eléctrica está en el día a día de los partidos. Todas las formaciones mayoritarias que concurren a estas elecciones coinciden en reclamar un coste competitivo y predecible para evitar deslocalizaciones. Pero existen matices entre las maneras de conseguir que España deje de ser el país europeo con el precio de la energía más elevado.

El PSOE defiende que el estatuto para la industria electrointensiva, impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, es un primer paso importante para las empresas que son grandes consumidoras de energía, ya que les permitirá rebajar la factura. «Es un punto intermedio», apunta el cabeza de lista de los socialistas al Senado por Asturias, Francisco Blanco, que destaca el avance «de pasar de no tener nada durante años con el PP» a contar con un reglamento, a falta de que reciba la aprobación del Consejo de Ministros.

Señala el exconsejero de Industria que la dotación económica «no es poca, aunque puede ser mejorada». En este sentido, destaca que el aspecto más positivo del estatuto es que las empresas no quedan «al albur de las subastas de interrumpibilidad» para menguar la factura eléctrica. De hecho, Blanco recuerda que ya reclamaba cambios en estas subastas -donde se asignan determinadas cantidades económicas a las compañías a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de necesidad- cuando dirigía la consejería.

«Tienen que servir para asegurar la interrumpibilidad y no para rebajar el coste, ya que para eso está el estatuto», añade Blanco, quien espera que la dotación destinada a las empresas para recortar la tarifa eléctrica aumente si los socialistas consiguen la confianza de los ciudadanos el 28 de abril.

Una opinión muy distinta tiene la candidata de la coalición PP-Foro al Congreso, Paloma Gázquez, quien considera que el estatuto de las electrointensivas «es un parche que no remienda nada». Para conseguir un precio estable, los populares apuestan por «un 'mix' energético que no se lleve por delante las térmicas ni las nucleares». De esta manera, el suministro estaría garantizado «a un precio más aceptable que el que supone el proyecto destructivo de Pedro Sánchez y sus socios, y no hay que olvidar que Ciudadanos y Podemos votaron a favor». Asimismo, Gázquez coincidió en la necesidad de reformar el sector energético, pero aboga por hacerlo «tirando de todas las energías disponibles y no comprarla a otros países a los que se les permite contaminar». Por su parte, la candidata de Unidas Podemos al Congreso, Sofía Castañón, lamenta que el estatuto de las electrointensivas impulsado por el PSOE «no vaya a solucionar los problemas del sector ni de los consumidores». Señala que el precio de la luz para la industria está a un nivel que «imposibilita que sea competitiva, lo que en el caso asturiano tiene efectos devastadores para Alcoa porque la producción de aluminio primario en el país está en riesgo absoluto». También rechaza que el Gobierno no modifique las condiciones de las subastas de interrumpibilidad, «que mantienen su opacidad» y la única certeza es que los costes «recaen en el bolsillo de las familias».

La candidata de Unidas Podemos -coalición de IU y Podemos- sí está a favor de «sacar del mix a las nucleares y las hidroeléctricas, aumentar la tasa de compensación por emisiones de CO2 y acabar con los beneficios injustificados de las eléctricas». Sin estas medidas para corregir la situación, «la muerte de la industria» está asegurada, a juicio de Castañón.

«Agravio comparativo»

Para Nicanor García, candidato de Ciudadanos al Senado, es «fundamental» que el estatuto se ponga en marcha de manera inmediata. El problema político que se plantea con la transición energética en Asturias es «el agravio comparativo» sufrido respecto al País Vasco, comunidad que consiguió una rebaja de la tarifa eléctrica «de 81 millones». Para García, el Gobierno debería haber promulgado un decreto para evitar «el cierre y la deslocalización de Alcoa».

La aluminera, apunta, «necesita que los posibles compradores sepan a qué atenerse en cuanto al precio de la energía; nadie va a comprar las factorías si lo desconoce». En este punto, García hace referencia a otro aspecto que afecta a la industria, como es la competencia de China. El candidato de la formación naranja al Senado propone «proteger a las empresas europeas mediante aranceles» para evitar los perjuicios causados a compañías como Arcelor, que «invierten millones de euros en mejorar las emisiones y en China fabrican lo mismo y nadie le exige ningún control».

Francisco Blanco también aboga por los llamados ajustes en frontera, una suerte de aranceles medioambientales, como pide Arcelor. «Sería la forma de cobrar por esos productos que vienen de países que no tienen restricciones por emisiones de CO2», apunta. La mayor traba es que «no existe un sentimiento generalizado a favor de estas medidas porque en Europa todo lo que suena a proteccionismo está muy mal visto».

Paloma Gázquez pone de manifiesto que las emisiones de CO2 de China suponen el 30% del total del planeta, mientras que las de España solo representan el 0,8%. «En Europa no quisieron correr para luego ser los últimos, como Pedro Sánchez», critica en alusión a los retos más ambiciosos del Gobierno socialista que los establecidos por la Unión Europea. Pone los ejemplos de Alemania y Polonia, que continúan usando carbón en sus centrales térmicas y «van a cumplir los requerimientos europeos en 2020».

Unidas Podemos también reclama que «mientras se consuma carbón, este debe ser de aquí», por lo que Sofía Castañón ve con buenos ojos «que se le dé seguridad jurídica y tranquilidad a los trabajadores de Hunosa». «Queremos una transición a una economía verde que no deje a nadie tirado en la cuneta», concluye.

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