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La ministra de Igualdad, Irene Montero FOTO: EP | VÍDEO: R.C.
Montero apunta a Justicia al cuestionar los datos sobre las rebajas de penas por el 'sí es sí'

Montero apunta a Justicia al cuestionar los datos sobre las rebajas de penas por el 'sí es sí'

En un acto de reafirmación, insiste en que acepta reformar la ley elevando las condenas, pero sin «tragar» sobre el consentimiento y censurando a los socialistas por «no saber cómo tapar el agujero« que denuncian

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Domingo, 5 de febrero 2023

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El pulso entre el PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno ante la reforma de la ley del 'solo sí es sí' ordenada por el presidente Sánchez prosigue cuando se acerca el horizonte temporal -este lunes o, todo lo más, el martes- que se han dado los socialistas para tirar hacia adelante en solitario con una proposición de ley en el Congreso, tras una prórroga sobre el plazo inicial que vencía este pasado viernes. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha incidido hoy, como viene haciendo en los últimos días, en que accede a cambiar la norma aunque ni ella ni su partido lo crean necesario y en asumir ajustes como la elevación de penas, pero siempre y cuando eso no toque el núcleo del consentimiento. Igualdad continúa sin dar el visto bueno -tampoco a la inversa- a las propuestas de Justicia en manos del PSOE y Montero ha apuntado implícitamente al ministerio de Pilar Llop al cuestionar los datos que se están conociendo sobre las rebajas de condena a agresores sexuales; 400 ya, con una treintena de excarcelaciones.

Lo ha hecho en un acto de reafirmación en las bondades de la ley pese al «agujero» que, según Montero «nadie» sabe ni explicar ni «cómo taparlo», y de pedagogía interna convocado por Podemos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, bajo el elocuente lema de «¿Consentiste o no? y en plena pugna con el socio mayor del Ejecutivo. Ante 300 militantes, que le han recibido con gritos a favor del 'solo sí es sí' en el estrado que ha compartido con la líder del partido, Ione Belarra, y otros cargos como la jueza y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, la titular de Igualdad ha tildado de »inaudito que aún no tengamos los datos de cuántas sentencias se han revisado y cuántas no» y cuántas son firmes o no, una acusación de falta de transparencia dirigida a Justicia aunque haya optado por no mencionarlo con todas las letras. Este periódico ha realizado desde la aprobación de la ley sucesivas contabilidades gracias a las cifras facilitadas por los 17 tribunales superiores de Justicia. La tesis que subyace en el reproche de Podemos es que son más las resoluciones judiciales que dejan las penas como están que las que las rebajan; ello después de haber atribuido un «machismo» generalizado a la judicatura.

Tanto Montero como Belarra han evitado cargar las tintas, por sus siglas, en el PSOE con el que continúan negociando. Pero han venido a criticar a sus socios por la vía de dejar constancia de que si los socialistas sacan adelante la reforma solo con su firma, van a tener que aprobarla en el Congreso de la mano del PP de Alberto Núñez Feijóo, a quien los morados han acusado de liderar la «ofensiva» contra la norma de Igualdad. «¿Quién manda aquí?», ha vuelto a preguntarse Montero, en una alocución casi calcada de la pronunciada esta sábado en otro acto, este en Murcia. Según los morados, la propuesta del ministerio de Pilar Llop -que trasladó a Igualdad el viernes un nuevo texto tras la media docena de respuestas, sin acercamiento, enviadas a su vez por Montero desde diciembre-, pretende volver al modelo anterior en el que el consentimiento estaba sepultado, a ojos de Unidas Podemos, por el requerimiento de violencia para condenar y la exigencia a la víctima de que aclarara si se había resistido o no. Y esa regresión es, a ojos de Podemos, casi lo mismo que aspira a hacer la derecha.

Montero ha ahondado en el relato que viere abanderando ante los suyos y la opinión pública, reiterando que se ha abierto a modular la ley y asumir «condiciones» del PSOE como la elevación de penas en pro de una posición «unitaria» en el Gobierno que evite una quiebra que sería muy severa. Pero no va a «tragar», ha vuelto a advertir al presidente y a la ala socialista del Ejecutivo, con que se retorne del «¿Consentiste?» al ¿«Te resististe»? en una norma que, enfatizó, es «de las mujeres». Desde que reventara la crisis, la ministra y su partido están tratando de hacer copartícipes de una ley que siguen considerando «bien hecha» al exministro de Justicia y hoy magistrado del TC, el socialista Juan Carlos Campo, y su «espectacular» equipo de juristas pese a las discrepancias que ya afloraron durante la redacción normativa no solo con él, sino con la entonces vicepresidenta Carmen Calvo. Y aunque el entonces líder de Podemos y a la sazón número tres del Ejecutivo, Pablo Iglesias, llegó a referirse como «machista frustrado» al propio Campo por las observaciones y posibles deficiencias que este había advertido sobre la literalidad del 'solo sí es sí'. Montero ha deducido del tira y afloja sobre la ley y las críticas recibidas que exista «una ofensiva contra el Gobierno de coalición», y ha situado la iniciativa legislativa como «la más importante» salida del Consejo de Ministros en términos de avance feminista esta legislatura, paradigma no ya de los derechos de las mujeres, sino de «la democratización» del país.

Mientras otras voces del acto combinaban la vindicación de la protección de las mujeres con una defensa de planes integrales porque solo «el punitivismo no es la solución» -«Somos más libres con una ley integral que con una ley penal», ha asegurado Rosell-, Belarra se ha sumado a la carga de Montero contra el PP. Los populares han ofrecido a Sánchez su respaldo en el Congreso a la reforma para frenar, siempre a futuro porque los agresores ya sentenciados podrán seguir acogiéndose a la norma más favorable a sus intereses, la actual. Para la líder de Podemos, el partido de Feijóo carece de «ADN democrático» y no acepta aún hoy que perdió las últimas generales. «Va quedando claro que todo este tema de rebaja de penas es una excua utilizada por el PP para volver al modelo de la violencia y la intimidación», ha apuntado Belarra, para quien a los populares les »da igual« que en España solo »se denuncie un 8% de las agresiones a mujeres«.

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