El Observatorio Anticorrupción pide once años y medio para Rodríguez Braga por desvío de fondos

El Observatorio Ciudadano Anticorrupción (Ocan) solicita 11 años y 6 meses de prisión, además del pago de multa de 1,1 millones para el exsecretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, como presunto autor de cinco delitos de fraude en las subvenciones recibidas por el sindicato para los cursos de formación entre los años 2010 y 2014. La entidad que preside Manuel Benayas pide en su escrito de calificación, hecho público esta mañana, la misma pena para Manuel Díaz Cancio, secretario general de Formación de 2009 a 2013, y Mónica Menéndez, secretaria de administración desde 2002 a 2013.

Ocan ejercita la acusación popular en el procedimiento por el que han sido procesados cuatro exdirigentes de UGT, dos técnicos y el propio sindicato como persona jurídica por el presunto desvío de 1,4 millones. La cuantía, que debía haber sido destinada a formación, se habría empleado para «financiar gastos estructurales del sindicato y cubrir otros agujeros», explicó esta mañana el abogado de la acusación particular Alberto Suárez, quien espera que el juicio pueda celebrarse «a finales de este año o ya el próximo». Antes la Audiencia tendrá que resolver los recursos de apelación de las defensas contra el auto de transformación por el que han sido procesados.

El escrito de calificación provisional de Ocan contempla además la petición de 6 años y 6 meses y una multa de casi 870.000 euros para la administradora de Localmur, María Jesús Ocaña y así como sendas condenas de 4 años de prisión para Alberto González, responsable de Contabilidad, control y justificación de las subvenciones, y Silvia Sariego, encargada de las mismas funciones en la Delegación del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES). Para UGT, la acusación popular pide el pago de una multa de 244.000 euros, así como la pérdida de la posibilidad de acceder a subvenciones, ayudas o cualquier tipo de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social en 4 años.

Por otro lado, el presidente de Ocan, Manuel Benayas, instó a la Junta del Principado a investigar a fondo el caso. «No basta decir que los controles funcionaron », señaló durante la presentación del escrito. En este sentido, Benayas pidió la reapertura de la comisión de investigación que se «cerró en falso» o que constituya una nueva.