La Junta General se mantiene cerrada y los diputados rechazan rebajarse el sueldo un 50%

Ciudadanos y Podemos se abstuvieron en la votación, mientras que el PSOE e IU votaron en contra y fueron especialmente críticos con la iniciativa popular. Argumentan que ya estaba fijada para finales de esta semana otra reunión de portavoces precisamente para decidir la mejor fórmula para recuperar la actividad presencial en la Cámara asturiana, por lo que entienden que la propuesta popular es una «mera estrategia política».

«Le recordamos una vez más al PP, que únicamente está interesado en imponer su voluntad, que en la Junta las decisiones se toman por mayoría, tras propuestas, debate, negociación y acuerdo», sentenció Dolores Carcedo, portavoz del PSOE.

Ciudadanos, en palabras de su portavoz, Laura Pérez Macho, da por hecho incluso que el Parlamento «va a iniciar su actividad presencial en las próximas semanas de forma progresiva» y pide que «a primeros de mayo se celebre un pleno semipresencial». Desde Ciudadanos también son partidarios de que se declaren hábiles julio y agosto para que el Parlamento pueda recuperar parte del trabajo presencial. La portavoz de Podemos, Lorena Gil, criticó la «prisa» del PP por reabrir las puertas de la Junta sin contar con los informes que garanticen «unas mínimas garantías de seguridad», pero también recriminó tanto al PP como al resto de las fuerzas que «esquiven» su propuesta para que se puedan presentar y votar resoluciones de forma telemática.

IU fue especialmente crítica con la iniciativa del PP para la reapertura de la Junta ya que, a su juicio, no responde a una necesidad real de control al Gobierno, sino a una «estrategia de desgaste impulsada por el PP», recriminó Ángela Vallina, portavoz de IU. La postura de Foro, que la semana pasada se abstuvo en la votación a esta misma propuesta del PP, fue ayer modificada. «Si bien es cierto que el grupo de trabajo ha sido útil para el seguimiento de la crisis, la actividad parlamentaria no puede verse interrumpida durante más tiempo», argumentó su portavoz, Adrián Pumares. También Ignacio Blanco, portavoz de Vox, defendió la necesidad de reabrir el Parlamento, recordando que «precisamente fue Vox el primero en solicitar que se pusiera en marcha la Junta General el pasado 25 de marzo».

Sin ningún apoyo y la abstención de Vox se quedó la iniciativa de Podemos para reducir un 50% el salario de los diputados mientras se prolongue el estado de alarma, e impulsar un «pacto de austeridad» que limite el sueldo de los diputados y altos cargos a menos de 2.000 euros mensuales hasta que finalice la legislatura. Gil, que cifró el ahorro de ambas iniciativas en cuatro millones de euros, declaró que «los políticos deberían de ser los primeros en dar ejemplo» en esta crisis. Vox tampoco consiguió sacar adelante su propuesta para que la Junta autorizara a los grupos a destinar sus subvenciones a asociaciones y proyectos sociales de ayuda a los afectados, rechazada incluso por los servicios de Intervención. En general, el resto de las fuerzas políticas defienden que de forma voluntaria tanto los partidos como los diputados ya están haciendo sus propias donaciones.